Una ilustración de Yadira Ivette López Cruz, una de las víctimas de la violencia machista. J. G / DESPACHO 505

El 9 de octubre de 2020, Yadira Ivette López Cruz fue puerta a puerta por su vecindario para avisar que tendría nacatamales a la venta. Ese día, en la casa que la mujer compartía con Jorge Alberto Araúz, en Managua, se escuchó música. Luego los vecinos dicen haber percibido golpes en el zinc y gritos. Lo siguiente que oyeron fue el pedido de auxilio de Jorge Alberto, su pareja. Eran las 8 de la noche, cuando el hombre fue visto salir con desesperación de la casa, gritando por ayuda, porque aseguraba que Yadira se había ahorcado.

“Mi mamá no se mató, la mataron”, sostiene la hija de 17 años de Yadira, la menor de  los tres que procreó.

La mujer, de 44 años, tenía aproximadamente un año de vivir con Jorge Alberto en el caserío localizado en el kilómetro 12.5 de la carretera que conduce a la laguna de Xiloá, al norte de la capital. Sufría violencia y malos tratos. Eso lo supo su hija por vecinos que dudaban de la versión del suicidio y a quienes se acercó buscando respuestas a lo que había sucedido.


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Era viernes y el ambiente pesado, entre policías, vecinos y el shock de saber a su madre muerta. La joven entró a la casa y encontró mucho desorden. “Todo estaba revuelto”, dice. Pudo observar que Jorge Alberto presentaba rasguños, pero días más tarde el Instituto de Medicina Legal (IML) concluyó que no eran recientes. “El espejo de su ropero estaba quebrado, los sofás tenían lodo, todo estaba desordenado. Ella había cocinado porque en la cocina eléctrica había comida, estaba conectada”.

Los nacatamales que Yadira había salido a ofrecer, quedaron sobre la mesa, recién preparados, agrega, mientras rebate en su memoria la imagen de esa escena que no encaja con la versión que la pareja de su madre brindó a las autoridades y le creyeron.

Yadira tenía un brazo dislocado, una lesión en su nariz y hematomas en diferentes partes del cuerpo. Fue entonces cuando los mismos vecinos le confiaron que Jorge Alberto maltrataba a Yadira y que “en una ocasión observaron cómo era arrastrada por él”.

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“A pesar de los testigos, que los llevaron a dar su testimonio, me dijeron (en la estación policial) que no se podía hacer nada, porque no había denuncia previa de mi mamá por violencia», reprocha.

DICTÁMENES CONTRADICTORIOS

Los investigadores también ofrecieron versiones contradictorias sobre lo ocurrido con Yadira. Un primer dictamen forense, realizado por especialistas del IML, indicaba como causa de muerte asfixia mecánica, un crimen. Luego, ese informe fue reemplazado por otro en el que se plasmó que se trató de un suicidio. Eso valió para que la Policía Orteguista pusiera en libertad a Jorge Alberto y cerrara el caso.

La hija de Yadira perdió la cuenta de las veces que viajó desde San Judas, donde vive,  hasta la estación policial de Ciudad Sandino para pedir información sobre las investigaciones e insistir en que su madre fue asesinada.

Reclama falta de diligencia en las indagaciones sobre lo que ocurrió ese 9 de octubre con su mamá. No confía en la Policía porque habían elementos suficientes para continuar las averiguaciones y demostrar que se trató de un crimen y no de un suicidio. Nunca fue escuchada.

Entonces resolvió hacer su denuncia pública y, a través de redes sociales contó la historia de su madre, su tragedia y la negativa policial a investigar a fondo para esclarecer lo sucedido. En los medios de comunicación y organizaciones feministas tuvo eco, pero su objetivo, que era tener derecho a justicia, no lo consiguió.

BURLAS Y MENOSPRECIO

La hija de Yadira pasó días enteros en la estación policial de Ciudad Sandino, Managua, rogando ser atendida, pidiendo una respuestas. En vez del respaldo que esperaba encontrar en los cuerpos creados para perseguir los crímenes, recibió burlas, menosprecio, abuso de autoridad y crueldad:  “Se ahorcó y no hay nada más que hacer”, le dijo un día de tantos un agente sin siquiera voltear.

Jorge Alberto Aráuz fue puesto en libertad una semana después por falta de pruebas que lo implicaran como responsable de un crimen contra Yadira.

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En cambio, a la adolescente, quien continuó insistiendo en la denuncia, le fue ocupado su teléfono celular durante varias semanas.  “Ellos supuestamente querían investigar, iba a reclamarlo, pero costó que me lo devolvieran, no sé qué pretendían”.

Jorge Alberto, dos meses antes, había sido denunciado por su expareja,  “pero cuando fue interrogada lo negó, luego que lo soltaron, no volví a saber nada de ninguno”, expresa frustrada por el menosprecio de las autoridades hacia la vida de su mamá.

Por esos días, Martha Irías, jefa de las Comisarías de la Mujer, reportó que entre el 5 y 11 de de octubre, la fecha de defunción de Yadira, no hubo femicidios en Nicaragua. Su  hija reclama a las autoridades que su madre es una más de las víctimas de la violencia machista que arropa la impunidad propiciada por un sistema que no defiende la vida de las mujeres.