Un grupo de trabajo de 21 científicos miembros de las Academias de Ciencia de todo el continente llamó al régimen de Daniel Ortega a despolitizar la pandemia y descentralizar la aplicación de pruebas PCR, competencia que hasta ahora únicamente tiene el Ministerio de la Salud (Minsa).

La Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN) y la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS) presentaron un informe donde destacan que “es cada vez más evidente que los líderes nicaragüenses buscan adoptar más estrategias políticas peligrosas, similares a los enfoques irresponsables del populismo médico utilizados con consecuencias desastrosas en Estados Unidos, Brasil y Filipinas”.

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En el informe recomiendan al mejorar la vigilancia epidemiológica a través de pruebas a gran escala en grandes poblaciones urbanas y en trabajadores esenciales, junto con un rastreo de contactos.

Las academias hacen un enfático llamado a la descentralización de los servicios de diagnóstico. “La serovigilancia a nivel comunitario puede ayudar a determinar los grupos prioritarios para la vacunación, a orientar y a monitorear estos próximos programas”, explican.

Hasta la fecha, el Ministerio de Salud (Minsa) el la única instancia autorizada para poder hacer las pruebas de PCR del Covid 19. El régimen es muy criticado debido a que ha recibido en formas de donación miles de pruebas de coronavirus, sin embargo, se resiste a dar cifras de cuántas ha aplicado.

El Minsa ha impuesto el cobro de 150 dólares por las pruebas PCR para las personas que la requieran para viajar a otro país.

UN PLAN PARA EVITAR REBROTE

A más de 6 meses de inicio de la pandemia, en Nicaragua se registran 152 fallecidos por coronavirus y 5,170 casos confirmados según cifras oficiales.

No obstante, el independiente Observatorio Ciudadano registra 2,751 muertos y más de 10,000 casos sospechoso de la enfermedad.

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Los científicos mencionan que es necesaria “la articulación de un Plan Ciudadano (en ausencia de orientación de las autoridades) que involucre a los sectores empresarial, educativo, eclesiástico, sin fines de lucro, sociedad civil, entre otros; y que garantice la claridad de roles y mecanismos de coordinación dentro del sistema de salud”.

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