La oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y otras organizaciones humanitarias reportaron este lunes nuevas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en el marco del tercer aniversario de las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
«En Nicaragua, tres años después del inicio de las protestas, continúan la impunidad y la crisis de derechos humanos», informó Acnudh, en su cuenta en Twitter.
La crisis sociopolítica que vive Nicaragua se desencadenó el 18 de abril de 2018 cuando protestas masivas que iniciaron contra unas reformas a la seguridad social y luego por el abuso de poder por parte de Ortega fueron anuladas con ataques armados que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos, situación que continúa vigente, según denuncias.
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que la periodista crítica del Gobierno Kalua Salazar, quien en 2020 fue objeto de un juicio considerado «político», fue víctima de hostigamiento y agresión física por parte de la Policía esta madrugada, cuando se dirigía a su trabajo en la ciudad de Bluefields (Caribe sur).
«El Cenidh condena (el) hostigamiento y agresión física en contra de la periodista Kalua Salazar. Los policías se apostaron frente a su casa desde las 05:00 a.m. (11.00 GMT), le han prohibido salir a su trabajo y la han golpeado delante de su mamá y sus hijas», indicó la ONG.
Salazar confirmó la denuncia en un vídeo que distribuyó en redes sociales desde Bluefields, donde se pudo observar la presencia de dos patrullas policiales con vehículos todoterrenos y las luces encendidas frente a su casa.
Según el Cenidh, una situación similar vivió anoche el líder opositor Lenín Salablanca, en Chontales (centro).
SIN DERECHO A REUNIRSE
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció casos de «hostigamiento policial y de paramilitares» contra familias opositoras en la ciudad de Masaya, cuyos habitantes la declararon «territorio libre del dictador» en 2018, tras lo cual fue objeto de un ataque armado del Gobierno en el que murieron decenas de opositores.
«El derecho de reunión pacífica sigue sin garantizarse», indicó la Acnudh, que además reiteró «al Gobierno su solicitud de volver a Nicaragua con el fin de asistir a las autoridades y a la sociedad civil en la implementación de esas recomendaciones (de la alta comisionada Michelle Bachelet) y así lograr cambios que mejoren la situación de derechos humanos».
El Gobierno de Estados Unidos, que sigue de cerca los sucesos en el país centroamericano, declaró que le «preocupa profundamente la creciente represión en Nicaragua, incluyendo las nuevas leyes que suprimen las libertades civiles. Más de 125 personas siguen encarceladas en el tercer aniversario de la violenta represión de Ortega contra las protestas pacíficas».
A pesar de las restricciones, las protestas contra Ortega continuaron este lunes, tanto en las redes sociales como de forma clandestina en las calles de Nicaragua.
Dichas manifestaciones le costaron la vida a 328 personas entre abril y julio de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala al Gobierno de Ortega como responsable de «crímenes de lesa humanidad».
Organismos locales contaron hasta 684 víctimas mortales hasta 2020, mientras que Ortega ha admitido 200.
En un cartel compartido en redes sociales, el Cenidh recordó la frase «vamos con todo», con la que la esposa de Ortega, vicepresidenta Rosario Murillo, habría ordenado los ataques armados contra los manifestantes, de acuerdo con un audio y una testigo que, al igual que más de 103.000 nicaragüenses, ahora vive en el exilio.
