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    La dictadura acusa a una periodista y tres colaboradores de La Prensa de «traición a la patria»

    Los trabajadores de La Prensa son acusados de cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado y sociedad nicaragüense

    LA PRENSA
    Vista de la fachada del diario La Prensa, en Managua (Nicaragua), en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres.

    La dictadura de Nicaragua acusó penalmente a cuatro colaboradores del diario La Prensa, incluyendo a una de sus periodistas. Los señala de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional o traición a la patria, el mismo delito que ha imputado a decenas de presos políticos.

    La acusación fue formalizada el pasado 29 de septiembre por la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas, contra una periodista, la asistente de Redacción y dos conductores, estos últimos se encuentran detenidos desde inicios de julio. Ellos fueron apresados en una redada policial que provocó el exilio forzado de todo el personal del periódico.

    Esta acción legal contra personal de La Prensa se suma a un sinnúmero de ataques dirigidos para silenciar al nonagenario medio de comunicación, siendo los más graves el asalto policial a sus instalaciones que obligó la desaparición de su edición impresa; la detención y condena a nueve años de prisión de su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro; la redada contra todo el personal y la confiscación de su edificio.

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    De acuerdo con la información disponible, la causa 021653-ORM4-2022-PN contra los cuatro trabajadores del diario La Prensa fue presentada a las 2:23 de la tarde del 29 de septiembre por la fiscal Ramírez Olivas, siendo la víctima u ofendido el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

    CAUSA RADICADA EN JUZGADO DE NALIA ÚBEDA OBANDO

    El proceso judicial está actualmente en trámite y la causa se encuentra radicada en el Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, a cargo de Nalia Nadezhda Úbeda Obando.

    La juez Orteguista también lleva el caso contra los cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo colaboradores de monseñor Rolando Álvarez, quienes fueron acusados de cometer delitos “contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.

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    Las instalaciones de La Prensa fueron intervenidas por la Policía Orteguista el 13 de agosto del 2021, el inicio de una «investigación» contra el Grupo Editorial La Prensa y sus directivos por los supuestos delitos de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos” en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

    Un año después el 23 de agosto de este año, la dictadura oficializó la confiscación y el robo de las instalaciones, las cuales las convirtió en el “Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho ¡No volverá el pasado!” Las instalaciones del diario La Prensa, las cuales fueron confiscadas por el régimen están valoradas en cerca de 10 millones de dólares, a pesar que la Constitución Política de Nicaragua en el artículo 44, prohíbe dicha acción.

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