Más de 300 personas protestaron este sábado por las detenciones arbitrarias y muertes de «inocentes» en el contexto del régimen de excepción, y acusaron al Gobierno del presidente Nayib Bukele de «maquillar» los atropellos con la acogida del concurso de Miss Universo, que celebra este sábado su gala final en el país centroamericano.
Los manifestantes recorrieron más de 3 kilómetros hasta las cercanías del hotel en el que se hospedan las más de 80 concursantes que compiten por el cetro, donde unos 60 agentes antimotines, soldados y vehículos artillados del Ejército les bloquearon el paso.
Erica Deleón, sindicalista y que protestó por la detención de 17 de sus colegas y la muerte de 2 en custodia del Estado, dijo en la concentración que con la organización de Miss Universo se busca «maquillar» estos atropellos y otros problemas que enfrenta el país.
«Nuestro eslogan es ‘corona manchada’, porque mientras se promulga un país de las maravillas hay feminicidios, igual siempre hay desapariciones y fosas clandestinas», dijo.
Los manifestantes gritaron consignas como «vivos se los llevaron, vivos los queremos» y «las misses del pueblo son miss capturada y miss torturada», además de mostrar carteles con los rostros y nombres de sus familiares detenidos.
Luis Parada, candidato presidencial del partido opositor Nuestro Tiempo (NT), acompañó la manifestación y comparó el contexto actual en la nación centroamericana con lo sucedido en 1975, cuando El Salvador organizó por primera vez Miss Universo estando en dictadura militar.
«Ellos (los manifestantes) quieren que el mundo sepa que hay miles de salvadoreños inocentes capturados sin ningún debido proceso», dijo Parada y agregó que en 1975 el concurso fue utilizado para hacerle parecer al mundo que todo estaba bien en El Salvador».
Deysi Alfaro denunció en la protesta que uno de sus tíos fue detenido y falleció en custodia del Estado, pero su familia fue notificada 4 meses después de la muerte.
Indicó que su padre, un agricultor de 52 años de edad, fue detenido en abril pasado bajo engaños de agentes de la Policía sin que tuviera relación con las pandillas y suman 19 meses «sin saber nada de él».
Este régimen, que suspende garantías constitucionales, fue aprobado por la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Bukele, a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), difundidos por el Congreso, que el pasado día 7 aprobó la vigésima extensión del régimen de excepción, indican que entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2023 se han registrado 131 homicidios.
De acuerdo con los datos oficiales, suman más de 73.800 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
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Según el Ejecutivo de Bukele, quien buscará su reelección inmediata en 2024, todos los detenidos son pandilleros o colaboradores, mientras que las organizaciones sociales registran más de 5.000 «víctimas directas» de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias.
