Amnistía Internacional (AI) denunció que en Nicaragua persistió la crisis de
derechos humanos en 2022, donde se continuó hostigando y encausando a defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas, y destacó también la situación de riesgo de los pueblos indígenas.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Al denunció además que las personas detenidas en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde hace 59 meses sufrieron «duras condiciones de reclusión y carecían de garantías de juicio justo».
Mencionaron el caso del histórico combatiente Hugo Torres, uno de los guerrilleros sandinistas más audaces en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, quien murió en febrero pasado bajo custodia del Estado.
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También el del obispo Rolando Álvarez, privado de su libertad en agosto y condenado a más de 26 años de prisión en febrero pasado por delitos considerados «traición a la patria».
AISLAMIENTO INTERNACIONAL
Asimismo, AI anotó que durante 2022 el Ejecutivo de Nicaragua redujo las relaciones diplomáticas que mantenía con otros actores internacionales, y que hace un año expulsó del país al nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag.
Durante abril y mayo de 2022, el Gobierno de Daniel Ortega retiró a su cuerpo diplomático de la Organización de Estados Americanos, exigió que el personal de esa organización abandonara el país y ocupó sus oficinas en Managua, según el informe.
Asimismo, Ortega rechazó al diplomático Hugo Rodríguez como nuevo embajador de Estados Unidos en Managua, como había sido propuesto por Washington, agregó.
Las autoridades también mantuvieron ilegalizados a la mayoría de partidos políticos para excluirlos de las elecciones municipales de noviembre pasado, en la que los sandinistas obtuvieron el 100 % de las alcaldías.
«Tras estas elecciones, la Policía reprimió las manifestaciones de simpatizantes del partido político indígena YATAMA en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte; al menos 19 personas fueron sometidas a detención arbitraria», señaló.
RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Sobre la libertad de expresión, Amnistía denunció que el Gobierno «continuó endureciendo las restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de expresión, asociación pacífica y reunión, lo que dificultó la actividad de los movimientos políticos y sociales».
«Las personas que ejercían el activismo político y las que eran consideradas detractoras de las políticas gubernamentales sufrieron diversas formas de hostigamiento», apuntó.
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En el caso de monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), la Policía le impidió en agosto pasado acudir a la Catedral a celebrar la misa, días después le abrió una investigación penal y lo privó de su libertad.
Con periodistas y medios de comunicación, AI aseguró que «siguieron encontrando obstáculos a su trabajo, mientras que los ataques y el hostigamiento que sufrían quedaban impunes».
«Al menos 2 periodistas fueron condenados a penas de prisión tras sendos juicios injustos. Durante el año se clausuraron al menos 15 emisoras de radio y canales televisión», precisó.
Asimismo, las autoridades denegaron la entrada en el país a personas consideradas críticas -incluidas algunas de nacionalidad nicaragüense- entre las que figuraban artistas, defensores de derechos humanos, académicos, sacerdotes y periodistas.
CIERRE DE ONG Y UNIVERSIDADES
Durante 2022 las autoridades también disolvieron más de mil organizaciones no gubernamentales, a las que expropiaron sus bienes muebles e inmuebles, «siguiendo la tendencia de cerrar espacios de la sociedad civil, que había comenzado en 2018».
La lista incluyó al menos doce universidades privadas que fueron cerradas «aparentemente en represalia por las posturas políticas de algunos miembros del personal y del estudiantado», según AI.
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Ese organismo denunció, además, que las personas y ONG que defendían los derechos humanos siguen estando sometidas a hostigamiento e intimidación, y que los activistas exiliados en Costa Rica y otros países de la región no han podido regresar a Nicaragua en condiciones de seguridad, y continuaban realizando su trabajo desde otros países.
En el informe, AI también alertó que persiste «la impunidad por crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos -como la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y la tortura y otros malos tratos- cometidos en el pasado».
Al terminar 2022, había 225 personas (26 mujeres y 199 hombres) detenidas en relación con la crisis de derechos humanos iniciada en 2018, de las cuales 222 fueron excarceladas y expulsadas a EE.UU. el 9 de febrero pasado.
