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    Rehenes de la dictadura: Un año bajo tortura en El Chipote

    Los familiares de presos políticos han denunciado que en un año han podido reunirse con sus familiares en ocho ocasiones y han pasado hasta 40 días sin tener noticias de ellos.

    El régimen de Daniel Ortega tienen a 190 presos políticos. Cortesía

    Durante 357 días, Margin Pozo ha pasado acomodando la dura realidad que vive para responder a las preguntas que su hija de ocho años hace sobre la situación de su padre, el cronista deportivo Miguel Mendoza, quien está a días de cumplir un año de estar en las celdas de El Chipote.

    “Ella no lo ve, no habla con él”, se queja.  “Y ha sido difícil explicarle, como lo es para nosotros, el resto de la familia, entender que Miguel deba estar preso por pensar diferente”, dice Pozo a DESPACHO 505. “Ella está clara que alguien la separó de su padre, lo que no entiende es porqué”.

    Desde otro lugar, Ana Lucía Álvarez escribe para su hermana Tamara Dávila: “para la libertad de tu espíritu no hay cerrojos, para nuestro amor no hay barrotes. Acá seguimos”.

    Tamara Dávila cumple un año de haber sido secuestrada por el mismo aparato armado que se llevó a Miguel Mendoza. Fue enjuiciada por los mismos jueces y se encuentra en las mismas instalaciones carcelarias en Managua.

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    A finales de mayo del año pasado fueron días grises para varias familias nicaragüenses. Vivieron el horror de allanamientos de noche, ilegales por estar fuera de las horas que la ley lo permite, perpetrados por hombres armados y formados en escuadras de asalto para llevarse a un solo ciudadano, un terror innecesario frente a ancianas y niños. “Una pesadilla”, recuerda Margin Pozo.

    LLAMADO A LIBERARLOS, DE TODOS LADOS

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    Solo entre el 28 de mayo y el 25 de junio de 2021, Daniel Ortega ordenó 21 secuestros contra aspirantes presidenciales y dirigentes políticos, los que extendió contra analistas, periodistas, funcionarios de organizaciones civiles y hasta un conductor. Secuestró en julio, en agosto y siguió incluso a días de las votaciones de noviembre.   

    La pesadilla comenzó faltando seis meses para esos comicios a las que procuró llegar sin competencia política.  

    El ingreso al temible Chipote. Cortesía

    Después, quiso revestir los secuestros con legalidad llevando a las víctimas a juicio que se celebraron a puertas cerradas, con los mismos captores como testigos y ante el examen de jueces que le han jurado lealtad. El resultado: condenas que van desde los ocho a trece años. Pero ni dentro, ni fuera del país, el dictador ha podido convencer de que los encarcelados cometieron delito alguno.

    Cada foro internacional le ha pedido la liberación de los presos políticos. Lo ha hecho cada país de forma individual y en bloque como los que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), contra la que Ortega se lanzó hasta ocupar sus instalaciones tras el asalto policial que ordenó el 24 de abril pasado.

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    Este domingo, se unió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien llamó al régimen a liberar a los presos políticos. “En este mes, muchas de las personas detenidas arbitrariamente en el contexto electoral de 2021 cumplen un año en detención, sufriendo malos tratos. Renovamos nuestra solidaridad con ellas y sus familiares, e instamos nuevamente al Estado a liberarlas”, exhortó el organismo.

    TEMPORADA DE “CUCHILLOS LARGOS”

    El 28 de mayo, Walter Gómez y Marcos Fletes exfuncionarios financieros de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro fueron secuestrados como una forma de cercar a Cristiana Chamorro, la aspirante presidencial con más posibilidades de ganarle a Ortega.

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    “Con ellos, el régimen Ortega-Murillo inició una nueva ola de cacería, de secuestros, de privación arbitraria. A ellos nunca se les respetó el debido proceso, estaban en indefensión y fueron sometidos a todo tipo de tormentos hasta imponerles una sentencia infame. Ha sido un año de mucha dificultad para ellos y para su familia”, comenta Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+.

    Cinco días más tarde, el 2 de junio, irrumpieron en la casa de Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la FVBCh. Tras allanar la casa en busca de supuestas pruebas que la incriminaran, la dejaron bajo arresto domiciliar y en esa condición cumple la condena de ocho años de prisión que Ortega mandó a imponerle. “A Ortega lo aterraba una candidatura de Cristiana”, dijo un pariente a este medio.  

    Tres días después, el 5 de junio, el régimen impidió que Arturo Cruz saliera del país y sin que hubiera una acusación en su contra, lo trasladaron del Aeropuerto Internacional de Managua a una celda de El Chipote.

    Arturo Cruz fue el segundo aspirante presidencial secuestrado por Ortega. Pero la cacería no terminaba, faltaban cinco.

    El martes 8 de junio, el régimen lanzó operativos contra otros dos aspirantes a la presidencia: Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Agregó a su lista a la integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri. El 9 de junio mandó a arrestar al exdiputado José Pallais.

    En la lista tenían a Tamara Dávila, quien pertenecía al Consejo Político de la UNAB y a la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista. La noche del 12 junio, policías armados llegaron a su casa y se la llevaron. El secuestro de Tamara fue el preámbulo de otra cacería con mucho significado para Ortega.

    El 13 de junio, el régimen secuestró a la dirigencia completa de Unamos, compuesta por sus excompañeros de armas que le criticaban la traición al sandinismo y el secuestro de la otrora organización guerrillera que derrocó a la dictadura de Somoza. Los legendarios guerrilleros; Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres fueron también secuestrados.

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    Esa misma noche, ocurrió el secuestro la directiva de Unamos, Ana Margarita Vijil y la presidenta de la organización Suyén Barahona. Hugo Torres, quien era un general en retiro, falleció bajo régimen carcelario el 12 de febrero de este año. Una muerte más que opositores achacan al régimen. “La demanda de justicia para Hugo Torres, sigue firme”, anota el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

    Presos Politicos 2

    ABUSOS SISTEMÁTICOS

    La muerte de Hugo Torres obligó a Ortega a ceder y cambiar el régimen carcelario a arresto domiciliar a Arturo Cruz, de 68 años; a Víctor Hugo Tinoco de 69; a José Pallais de 68; y a Pedro Joaquín Chamorro Barrios de 70; este último capturado el 25 de junio. Bajo esta misma figura continúa Cristiana Chamorro Barrios y María Fernanda Flores, exdiputada detenida el 21 de junio. Y los exdiplomáticos Mauricio Díaz y Edgard Parrales.

    Mañana cumplen año en prisión también el expresidente ejecutivo del Banpro, Luis Rivas Anduray; y el conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez. Y dentro de siete días, el periodista Miguel Mora, exaspirante también a la presidencia.

    Los familiares de presos políticos han denunciado que en un año han podido reunirse con sus familiares en ocho ocasiones y han pasado hasta 40 días sin tener noticias de ellos. Los han visto mal alimentados, los aíslan, no les ceden tiempo de sol y son sometidos a interrogatorios violentos con mucha frecuencia.

    “No ha cesado el abuso de poder, desde la privación de libertad. Todo un año viviendo bajo una cadena de abusos, un abuso que de acuerdo a lo que sus familias han denunciado, es sistemático”, critica Carrión. El defensor de derechos humanos dice que durante todo este tiempo no solo ha sufrido el preso político, sino que sus familiares también.

    “Hemos confirmado abusos en las requisas, ofensas verbales y hasta maltrato físico.  Se trata de un año de violación a los derechos humanos más elementales de una persona detenida. El peso que han perdido es una prueba de que nada está bien con estas personas”, denuncia el colectivo.

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    El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua hasta el 31 de mayo contabiliza 190 presos políticos en las cárceles del país. De ese total, 10 personas fueron capturadas antes del estallido social de abril de 2018, 130 después de las protestas y 48 fueron capturados hace un año, seis meses antes de que Ortega se impusiera por cuarta vez consecutiva la banda presidencial.

    “Ha sido un año lleno de dolor, de angustia”, comparte la esposa de Miguel Mendoza. “A la niña, (su hija) en la escuela le han pedido una foto de su papá y hay un acto para el día del padre. Ella pregunta, ¿Será que puede estar?, ¿Le darían permiso?…Yo la verdad, no tengo respuesta para eso”.

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