Daniel Ortega se dispone a controlar los 153 municipios del país sin ningún contrapeso local. 

Los alcaldes que asumen hoy sus responsabilidades no son más que simples administradores del país que siguen los males de la corrupción y la represión en los que está sumida Nicaragua desde que Ortega fue minando la independencia de los poderes hasta acabar con el Estado de Derecho.

Rosario Murillo lo dejó claro: este 10 de enero los 153 alcaldes impuestos por su partido para gobernar los municipios “consolidarán su identidad sandinista”. Dicho en otras palabras, le jurarán lealtad.

“Lo que veremos, es el sueño consumado de cualquier dictador”, dice Silvio Prado, un investigador y municipalista, miembro de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, quien señala que el encuentro, “no puede ser más anómalo”.

Murillo en su papel de vocera del régimen, anunció la semana pasada que el dictador sostendrá una reunión con los 6 mil 88 funcionarios entre alcaldes, vicealcaldes y concejales designados por el Consejo Supremo Electoral (CSE) tras las votaciones municipales de noviembre pasado.

El municipalista Prado explica que lo normal es que los alcaldes reciban su credencial de autoridades electas ante las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE), que juren cumplir la ley y regresen a sus municipios a trabajar para honrar los compromisos adquiridos con sus electores, que es a quienes se deben. 

Pero la agenda de fondo parece ser otra.  

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ILEGÍTIMOS, MAL DE ORIGEN

El Poder Electoral que este martes reúne a los alcaldes, no es imparcial, ni se ha preocupado por ocultarlo. 

En noviembre de 2021, el CSE organizó al régimen unas elecciones sin rivales y con un conteo de votos alterados a su favor para garantizarles un cuarto mandato.

El proceso electoral ha sido desconocido por una treintena de países.      

Ese mismo árbitro, juramentará a las autoridades locales este martes sabiendo que llegaron ahí con un escuálido número de votos, igual que su líder un año antes, y sin una campaña real que sirviera para interactuar con los votantes y en comicios totalmente simulados, calificadas como farsas, según opositores. Y por si no bastara, el mismo organizador de elecciones que debería ser independiente según la Constitución, será parte del “acto de sumisión”.

Estos alcaldes, vicealcaldes y concejales, tienen un problema de origen: son ilegítimos”, dice Prado.

Ese es el punto de partida de su análisis y el más preocupante de los problemas que estas autoridades enfrentan. “Es que el origen de la legitimidad es el voto, la legitimidad proviene de la voluntad popular, ahí comienza lo anómalo”, advierte.

DISTANTES DE LA POBLACIÓN

El 7 de noviembre pasado, un día después de las votaciones municipales, el organismo independiente Urnas Abiertas cifró el abstencionismo para esos comicios en 82.67 por ciento y denunció que el proceso estuvo marcado por una “coacción sin precedentes” en los municipios, como una estrategia desesperada para obligar a los ciudadanos a ir votar.

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Aun así, la gente se quedó en casa. “La participación fue de apenas un 17.33%”, explicó Ligia Gómez, de la organización, que contó con informes de una red ciudadana que hizo presencia en 366 Centros de Votación de los 3.106 que fueron habilitados en todo el país.

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“Debemos decir claramente que serán las autoridades municipales más ilegítimas de la historia de Nicaragua”, comenta Prado por su lado. “Lo que veremos, es la foto que muestra la muerte de la autonomía municipal, la muerte definitiva de la descentralización”, asegura.  

El especialista reitera que el tema de la legitimidad que padecen esas autoridades es grave. “Esa legitimidad de origen de la que hablamos, es la adecuación de los comportamientos a un sistema de valores socialmente compartidos entre la población y sus autoridades que desde 1990, se ha ido afianzando como el valor del autogobierno local”.

Se afianza, agrega, al haber pasado por el valor de las urnas y como resultado se espera sean honestos, imparciales, buenos funcionarios. Esos valores no están ahí, así que hay claras contradicciones.

ALCALDES PARA EL CONTROL TERRITORIAL

El municipalista que ha seguido de cerca “el golpe” que la dictadura le ha dado al poder local, dice que Ortega los ha considerado “idóneos” porque cumplen con ciertas cualidades que el analista agrupa en cuatro patrones y que son claves para entender el encuentro de este martes.   

El primer grupo –explica—son los llamados alcaldes mayores. Prado anota aquí que el régimen le ha dado poder a unos más que a otros. Por supuesto, los que tienen más poder son en los que más confía. Alcaldes como el de Matagalpa Saldrach Zeledón o el de Estelí Francisco Valenzuela en Estelí o Leónidas Centeno en Jinotega por citar algunos, entran en este grupo. Los tres han sido sancionados por Estados Unidos por participar en la represión a las protestas en 2018.

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“Son también secretarios políticos del partido sandinista y tienen la orden de controlar los territorios que pertenecen a su departamento”, explica Prado.  Señala también que los “alcaldes mayores” gobernarán en una especie de binomio con el jefe de policía de la zona. “Ambos garantizan control territorial, ese binomio asegura la represión para mantener ese control”, señala Prado.

LOS ALCALDES DECORATIVOS

Al segundo grupo, pertenecen los alcaldes que Prado llama decorativos. Un ejemplo de este grupo es la alcaldesa Reyna Rueda en Managua, Sandra Rosa Velásquez en Diriomo o Janina Noguera en Masaya.  Son aquellos que el régimen utiliza solo para los “cortes de cinta”.

“No son secretarios políticos, más bien están supeditados a alguien de más poder en el territorio, que suele ser el secretario político”, explica Prado. “Estos van a ser parte de una especie de pata de gallina, es el tercero en el poder después del secretario político y el jefe de la Policía de la zona. No hace nada, no toma decisiones, ni ejecuta nada por su cuenta”, explica Prado.  

En la Alcaldía de Managua, el secretario general Fidel Moreno tiene más poder de decisión que la alcaldesa Reyna Rueda. Tomada de el El 19 Digital. 

El municipalista señala que este último es muy parecido al tercer grupo: los alcaldes administradores. Estos solo esperan que les bajen instrucciones desde Managua sobre los proyectos que deben ejecutar, si no, no mueven un dedo.

Estos alcaldes, son generalmente “los tránsfugas” llegados de otro partido político y “acomodados” al régimen por conveniencia,  como el alcalde de Granada, Pedro Vargas, que llegó con agrupaciones aliadas y que no solo han sobrevivido “al asalto” del poder local del orteguismo, sino que lograron ser reelectos por su lealtad al dictador.

LOS ALCALDES “CABEZAS DE REPRESIÓN”

En el último grupo, el municipalista establece dos patrones más que se cumplen en todos los ediles del régimen orteguista y que fue una especie de aval para que el dictador los bendijera para seguir en las alcaldías.

“Hablamos primero de alcaldes represores o las cabezas de la represión”, dice Prado. Muchos de ellos participaron en acciones paramilitares, otros, facilitaron la logística para las llamadas “operaciones limpiezas” que fueron los ataques armados que Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron en 2018 contra los manifestantes para desmontar los tranques y barricadas que la población levantó como forma de protestar contra su continuidad en el poder.

Como parte de esas acciones, 355 opositores fueron asesinadas en Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El otro patrón es transversal en todos ellos; corrupción, clientelismo político y servilismo total”, advirtió el experto.

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Por último, el municipalista Silvio Prado insistió en que la pregunta de fondo sigue siendo el origen del poder de esos alcaldes.  “El problema ya dejaron de ser las elecciones, el problema es el dedazo del caudillo, por eso es que el dictador los cita, para recordárselo”, concluye.