EDITH PINEDA Y URIEL VELÁSQUEZ

La alcaldía de Managua pagará casi 200 millones de córdobas en servicios de vigilancia por un año. El contrato fue repartido en partes iguales entre las compañías El Vigilante y Servicios de Protección Física y Seguridad S.A. (Serprosa), esta última señalada como la empresa creada para evadir las sanciones de Estados Unidos que limitan las operaciones de El Goliat que desde 2007, cuando Daniel Ortega retomó el poder, era la principal prestadora de servicios de seguridad del Estado, entidades públicas y del tendido empresarial vinculado a la familia presidencial.

Serprosa S.A. fue creada por empleados de El Goliat y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), que tiene como marca comercial El Gladiador, y cuyo apoderado legal es Francisco Javier Pérez Ubilla, exempleado del comisariato de la Policía, reveló recientemente La Prensa, quien al ser consultado por ese diario negó tener vínculos con dicha institución.

El 19 de diciembre del 2019, siete días después que Estados Unidos sancionara a El Goliat, Serprosa S.A. fue inscrita en el registro de marca de servicios como la dueña de El Gladiador, según consta en La Gaceta.

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GUARDAS POR C$20,000

El contrato adjudicado por la alcaldía de Managua a Serprosa y El Vigilante corresponde a una licitación pública (146/2020) para prestar servicios de seguridad por un periodo de un año, según el documento al que tuvo acceso DESPACHO 505.

En la resolución administrativa 141, la alcaldesa Reyna Rueda da su aval para que la comuna pague 198 millones 347 mil 234.40 córdobas para contratar los servicios privados de 862 guardas de seguridad. Por cada vigilante la comuna pagará a la empresa 19,175.10 córdobas IVA incluido, se detalla en la adjudicación.

“Este precio no es lo que realmente reciben los trabajadores. A un guarda de El Vigilante lo que le pagan son entre 6,500 y 7,000 córdobas al mes, ahí es donde está el negocio de quienes están detrás de esas empresas”, explicó a DESPACHO505 un propietario de una empresa de seguridad que pidió no ser identificado por temor a sufrir represalias. Agregó que no a todos los trabajadores de ese sector les garantizan cobertura de seguridad social y que los costos operativos que representa para el contratista es variable.

Según la tabla salarial vigente desde marzo 2020 , el salario mínimo de un guarda de seguridad es de C$6,008,97.

Lo más grave, consideró la fuente, es que se siguen inyectando recursos públicos a empresas vinculadas al régimen Ortega-Murillo.

Las dos empresas elegidas por la Alcaldía firmarán en un plazo no mayor a diez días un contrato por 99 millones 173 mil 617.20 córdobas con IVA incluido para cubrir el servicio de 431 empleados durante un año, indica la resolución con fecha del 18 de septiembre de 2020. Es decir que cada mes las compañías facturarán 8 millones 264 mil 468 córdobas.

“EL VIGILANTE”, UNA CLIENTA ESTATAL

El Vigilante S.A. es una empresa que cuenta con varios socios cuyo accionista principal es Leonel Espinoza Linarte exjefe de la División Antidrogas de la Policía Nacional.

Espinoza Linarte ha trabajado directamente con el secretario de organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Lenín Cerna Juárez. También pertenece a la extinta Seguridad del Estado.

Una investigación de La Prensa de 2010 indica que los lazos comerciales de Leonel Espinoza Linarte con el Estado datan desde hace al menos 10 años, cuando su empresa El Vigilante fue beneficiada con contratos de seguridad de la Alcaldía de Managua, la Empresa Nicaragüense de Energía (ENEL) y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL).

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Yasser Martínez, es otro de los socios de El Vigilante, confirmaron a DESPACHO 505 fuentes del sector de seguridad privada. Martínez es una ficha de vieja data dentro de las filas del FSLN.

En 2004 fue presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), el brazo político del FSLN en las universidades. Además, fue diputado entre 2007-2011 cuando Daniel Ortega retornó al poder.

Además de estar involucrado en los negocios de seguridad que reciben contratos del Estado, Yasser Martínez tiene negocios de ropa, calzado, papelería y construcción.

LICITACIONES EXCLUSIVAS PARA AFINES A ORTEGA

La fuente sostiene que los procesos de licitación pública del sector de seguridad son limitados a las empresas afines al régimen Ortega-Murillo y que el pago de los servicios contratados muchas veces se hace de manera anticipada y en un solo desembolso.

“Hay otras empresas que han querido participar en las licitaciones de seguridad en el Estado, pero no les dan ni siquiera el folio. La corrupción está más allá de todo. Son mafias las que operan recibiendo millones por amiguismos y lineamientos políticos”, sostiene el empresario.

La adjudicación de Servicios de Vigilancia a Serprosa y El Vigilante contempla que el contrato puede ser prorrogable hasta por dos años “siempre y cuando se hayan recibido los servicios a entera satisfacción”, lo cual garantizaría un ingreso similar a los contratistas elegidos el siguiente año.

Sobre los pagos del servicio solo designa al Departamento de Seguridad y Vigilancia de la municipalidad la administración del contrato “debiendo supervisar y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás detalles del objeto de esta contratación, siendo los responsables de garantizar la recepción y trámites de pago conforme el requerimiento de la institución”.

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El excontralor Agustín Jarquín Anaya explica que es importante contratar una empresa especializada para los servicios de seguridad de instituciones públicas, pero critica que en las contrataciones se vincula una empresa que ha merecido sanciones internacionales, así como la cantidad exagerada de personal para ejercer la función de vigilancia.  

“Los contratos a privados no son malos. Una empresa de este tipo realmente es especializada y por eso es que no solamente en instancias del Estado, sino que privados contratan estos servicios. Pero el problema es que se desatiende su principal función pública al destinar tantos recursos y que se contrate a una empresa (vinculada a otra) que ha merecido sanciones”, señala el excontralor.  

La contratación de 862 guardas de seguridad por parte de la Alcaldía de Managua, a criterio de Jarquín Anaya, es exagerada. “Es Ejército, ¿de dónde van a sacar tanta gente y para qué tantos vigilantes?, cuestiona.  

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