La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha advertido este fin de semana que la Ley especial de ciberdelitos, llamada Ley mordaza por diversos sectores del país, es una amenaza contra el periodismo investigativo.

“Esta es una clara amenaza al periodismo investigativo, fuente importante de fiscalización de la función pública y privada y uno de los pilares principales de la libre prensa, esencial para la democracia”, señaló la organización opositora en un comunicado de prensa.

La Alianza recapitula la denuncia hecha por el Foro de Prensa Independiente de Nicaragua, que señaló que el artículo 25 de la Ley mordaza pretende, bajo el pretexto de proteger información pública clasificada como reservada, imponer cárcel de cinco a ocho años a medios o personas que la divulguen.

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La propuesta de “Ley Mordaza” por la dictadura, agrega, es particularmente irónica por cuanto es precisamente esta la que ha violentado leyes concernientes a la libertad de expresión y de información, en particular la Ley de acceso a la información Pública.  

En sentido, menciona que el régimen de Daniel Ortega ha eliminado la publicación de datos importantes para la vida nacional, de indicadores sociales, de medición de pobreza, encuestas de nivel de vida, variables macroeconómicas y de inversiones.  

“Su actuar es por lo tanto prueba suficiente que está más interesado en restringir libertades que en sancionar los delitos cometidos a través del uso de las tecnologías de la información”, agrega.

A la vez denuncia que la dictadura recientemente ha recrudecido su control contra de los medios de comunicación independientes, aumentado la represión directa a expresiones menores de movilización y protesta e intensificado protesta y acoso policial directo a grupos particulares de excarcelados políticos que consideran de alto riesgo.  

“Son más de 20 espacios radiales que han sido eliminados, se ha aplicado la censura a la transmisión de programas en televisión abierta y ha intervenido policialmente salas de redacción de los programas Esta Noche y Esta Semana, además de la ocupación de 100% Noticias y el embargo al Canal 12 por presuntas deudas con el Estado”, indica.

RECHAZO

En el comunicado, la Alianza Cívica rechazó las iniciativas de ley anunciadas por la dictadura en las últimas dos semanas ya que constituyen un “combo explosivo” contra los derechos y libertades de los nicaragüenses a través del cual se pretende recrudecer la represión política y social.

“Rechazamos la iniciativa de “Ley Mordaza”, como el pueblo nicaragüense está llamando a la propuesta de “Ley especial de ciberdelitos”, con la que el régimen Ortega -Murillo pretende controlar los medios de comunicación y redes sociales como espacios para la libre expresión ciudadana a través de la creación de nuevos delitos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.

La la iniciativa de ley presentada ante la Asamblea Nacional señala que esta ley será aplicada a quienes cometan los delitos contemplados en la misma, dentro o fuera del territorio nacional. La Alianza expresó su preocupación por los delitos incluidos en la ley como la suplantación y apoderamiento de la identidad informática de una persona natural o jurídica por medio de las TICs (Tecnología de la Información).

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El régimen no ha indicado, dice, cuáles son los criterios a tener en cuenta en esa suplantación, lo que puede dar lugar que se criminalice la parodia y la sátira, expresiones constitucionalmente protegidas, “además se criminaliza  al que “publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra a la población, a un grupo o sector o a una persona o su familia”, delitos para los cuales se prevén penas draconianas”.

A criterio de la Alianza, la forma en que están redactados estos delitos resulta alarmante, debido al uso de términos amplios, vagos, imprecisos y ambiguos para penalizar expresiones de interés público; la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público; y la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos. 

“La aplicación de estas leyes, si bien están orientadas claramente a la represión y la supresión de derechos y garantías constitucionales de opositores, también son de aplicación general.  Por lo tanto, se deberá entender que cualquier ciudadano nicaragüense en el país o en el exterior, o cualquier residente del país, que reproduzca una noticia que a criterio de los operadores del sistema de justicia sea considerada “falsa o tergiversada”, podrá ser sometido a un proceso penal.  Es por ello que hacemos un llamado a la ciudadanía en general a rechazar esta iniciativa de ley violatoria a los derechos de todos los nicaragüenses o personas que residan en el país”, instó. 

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