El ejercicio del poder en Nicaragua a manos del régimen de Daniel Ortega no se ajusta al Estado de derecho democrático y su forma de gobernar se encuentra completamente deslegitimada, razón por la que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, considera que el país vive bajo una dictadura, por lo tanto, “es necesario tomar acciones para dar respuesta a la a la respuesta que la ciudadanía nicaragüense necesita”.

Así lo expresó este jueves el Secretario General de la OEA durante una entrevista en la cadena CNN, donde aclaró que a pesar de que la Carta Democrática Interamericana no establece el término “dictadura”, cuando el ejercicio del poder no se hace de acuerdo al Estado de derecho democrático, “es una dictadura”.

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“En la categorización que corresponde adoptar al Consejo Permanente (…) está esta deslegitimación de origen y de ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho. No tiene duda la Secretaría General que hoy el ejercicio del poder en Nicaragua no se ajusta al Estado de derecho democrático, que el ejercicio del poder en Nicaragua está deslegitimado”, señaló Almagro.

Las declaraciones de Almagro se dan un día después de que este solicitara al Consejo Permanente de la OEA, una “reunión de urgencia” para la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua y suspenderla del organismo.

Esta petición ocurre como consecuencia de una oleada de detenciones por parte del régimen contra líderes de la oposición, entre estos cuatro precandidatos presidenciales, en una sola semana, lo que supone una forma de deslegitimar las elecciones del próximo 7 de noviembre.

“En este tiempo, el gobierno de Nicaragua decidió deslegitimar la elección a priori con el encarcelamiento y la persecución de los candidatos, precandidatos y de aquellos políticos opositores y disidentes, por lo tanto está deslegitimación previa implica una ruptura del orden democrático del país y una deslegitimación del proceso que viene por delante, del proceso electoral”, manifestó Almagro.

PIDE REVERTIR ACCIONES COMETIDAS

Sobre las posibilidades de que el régimen pueda entablar un diálogo serio con la OEA, Almagro fue concreto en decir que para ello, el régimen tiene que revertir todas las acciones que ha realizado hasta ahora en contra de la oposición nicaragüense, incluyendo cumplir los acuerdos suscritos con el organismo para garantizar elecciones justas y transparentes.

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“No se trata de dar oportunidades, se tata de que hay un compromiso serio que obviamente necesita una reversión completa de las acciones que han habido hasta ahora”, dijo Almagro.

Agregó que revertir estas acciones significa la liberación de los presos políticos, incluidos los precandidatos presidenciales arrestados, restituir los derechos civiles y políticos en el país, “y esas son acciones directas que tiene que tomar el régimen nicaragüense”.

El Secretario General de la OEA también llamó a la comunidad internacional a ejercer el máximo de presión al régimen de Ortega y denunciar la situación que atraviesa el país “por el nombre que tiene”.

“Si hay señales de reversión de este proceso, llevar esas señales a la seriedad que las mismas deben tener para que el proceso electoral sea serio, para que los derechos políticos y civiles sean restaurados a los nicaragüenses y se liberan los presos políticos”, señaló Almagro.

PODER DE CONVOCATORIA

Al representante del organismo regional se le cuestionó el poder de convocatoria que ha tenido en la OEA respecto a la situación de Nicaragua. No obstante, reconoció que existen serias discusiones ideológicas dentro del organismo que han impedido una reacción más contundente de la OEA en contra de Ortega.

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“Los lineamientos ideológicos ocurren dentro de la organización, pero la organización ha venido tomando resoluciones sobre la base de principios, hay algunos que no les ha gustado esas resoluciones, pero han sido decisiones adoptadas por la mayoría de los Estados”, expuso Almagro.

Y es que desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el régimen orteguista, la OEA ha varias resoluciones de condena que el régimen ha calificado como “injerencia”.

Incluso, ha hecho caso omiso a los acuerdos que Nicaragua ha suscrito con la OEA en materia electoral y de derechos humanos, imponiendo su voluntad para permanecer en el poder.

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