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Reporte 505

Almagro solicita incluir la crisis en de Nicaragua en la próxima sesión de la OEA

El Secretario General de la OEA solicitó a la Presidenta del Consejo Permanente de la OEA, incluir la situación de Nicaragua en la agenda de la próxima sesión ordinaria, programada para la próxima semana.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó a la Presidenta del Consejo Permanente de la OEA, Elisa Ruíz Díaz, incluir la situación de Nicaragua en la agenda de la próxima sesión ordinaria.

«Tengo el honor de dirigirme a la señora Presidente a efectos de solicitar de su amable parte la inclusión en la próxima sesión ordinaria del Consejo Permanente del asunto la situación en Nicaragua», expresa Almagro en la comunicación escrita enviada ayer miércoles, para lo cual también propone una presentación sobre la crisis de derechos humanos en el país a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La misiva enviada a la representante permanente de Paraguay podría considerarse extraordinaria cuando la solicita el Secretario General, tal como lo establece el artículo 37 del reglamento del Consejo Permanente. La última vez que la crisis de Nicaragua se abordó en la OEA fue durante la celebración de la Asamblea General, en octubre pasado.

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En ese mes, cancilleres de América aprobaron una resolución en la que instaban a Daniel Ortega a impulsar reformas profundas al sistema electoral a más tardar al mes de mayo. Ortega esta semana aprobó cambios a la Ley Electoral hechos a su medida y se hizo nuevamente del control del Consejo Supremo Electoral eliminando la posibilidad de que en el país se realicen elecciones libres, transparente y observadas.

Estas fueron las recomendaciones de la OEA:

  • La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable.
  • Un examen técnico y auditoría independiente para actualización de los registros de votación y las listas de votantes.
  • Un registro de votantes transparente y efectivo, la distribución de tarjetas de identificación y la gestión de centros de votación.
  • Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos ( incluidos registro abierto de nuevos partidos políticos).
  • Una observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada.
  • Un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real.
  • Procedimientos adecuados para la presentación dequejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos.

Con estas reformas que permiten inhibir, controlar y reprimir a opositores; y el control del orteguismo en el Consejo Supremo Electoral; los diputados del FSLN y sus aliados en la Asamblea Nacional han dejado abierta la puerta al fraude para las elecciones de noviembre próximo, alertó la oposición de Nicaragua. El objetivo es claro, dicen: mantener a Daniel Ortega en el poder.

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Tras la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y designación de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), la oposición ha coincidido en expresar su absoluto rechazo porque consideran que anula la confianza y credibilidad.

En un comunicado, la Alianza Ciudadana, conformada por la Alianza Cívica, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Movimiento de Unidad Costeña señaló que el resultado de la sesión parlamentaria del martes fue motivado por el temor al voto que tiene Ortega.

El bloque opositor considera “grave para Nicaragua que el régimen haya perdido la oportunidad de elegir magistrados electorales capaces de devolver la credibilidad al Poder Electoral, y más grave aún es que las reformas electorales, en el proceso de aprobación, aumenten los márgenes de discrecionalidad de esos magistrados”.

Con el voto de la bancada sandinista y sus aliados, fueron electos magistrados los siete propuestos por diputados del FSLN y tres nominados por diputados miembros de partidos colaboracionistas, desechando por completo las postulaciones que promovió la oposición.

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