La bandera rojinegra que ondea desde el sábado en el edificio municipal Santa María de Pantasma representa el asalto al poder local en Nicaragua. El lunes, el mismo pabellón fue colocado en las alcaldías de El Cuá, San Sebastián de Yalí, Murra y El Almendro. Todos son territorios de tradición opositora que en el año 2017 por medio del voto popular se adjudicó Ciudadanos por la Libertad (CxL), el partido político que fue enterrado en la víspera de las Presidenciales de 2021, como parte de la estrategia oficialista para quitar del camino a los rivales de Daniel Ortega.
El zarpazo asestado en las alcaldías opositoras sepulta el municipalismo en Nicaragua. La toma policial de las cinco comunas en apenas 48 horas, es un “exceso” del régimen Ortega-Murillo a cuatro meses para las elecciones municipales.
Expertos consultados por DESPACHO 505 coinciden en que este acto confirma que las munipales será un proceso sin garantías democráticas con el que Ortega sella su plan totalitario. Preven un escenario igual o peor que el que organizó el Consejo Supremo Electoral (CSE) el 7 de noviembre de 2021 para garantizar su cuarta reelección consecutiva y la segunda junto a su mujer Rosario Murillo como vicepresidenta. Otra farsa electoral.
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No obstante, el orteguismo no ha esperado a cumplir con el protocolo electoral para dar un golpe de Estado a los gobiernos locales de bandera opositora que le han sobrevivido. La misión fue delegada a la Policía y parapolicías que tras asaltar los edificios municipales los han “marcado” con la bandera partidaria, como si se tratara de una conquista territorial.
“Con estos actos el régimen está confirmando que no tiene ningún interés en rehabilitar la vía electoral y ni siquiera de guardar las apariencias de legalidad en las próximas votaciones municipales”, reaccióno en una breve nota de audio la expresidenta del extinto CxL, Kitty Monterrey, rompiendo de esta manera el bajo perfil que mantiene desde que se refugió en Costa Rica a finales del año pasado, luego de ser despojada de su organización política y de la nacionalidad nicaragüense.
GOLPE DE ESTADO AL MUNICIPALISMO
Monterrey, califica la toma de las alcaldías que «legítimamente» ganó su partido en 2017 de un atentado contra el municipalismo y un grave irrespeto al poder del voto popular.
Luciano García, del organismo Hagamos Democracia, hace otra lectura. Considera que la usurpación del poder en las cinco alcaldías de CxL es parte de una estrategia del orteguismo para meter miedo y terror en la población de estas zonas, históricamente antisandinistas.
El mensaje que manda Ortega es “que no se metan a correr en ninguna de las opciones de los partidos zancudos. No quieren correr ningún riesgo de que existan voces disidentes en ciertos sectores donde saben que no tienen apoyo”, comparte Luciano García.
MUNICIPIOS CASTIGADOS POR EL RÉGIMEN
El operativo contra las alcaldías comenzó el sábado, en Santa María de Pantasma, un recóndito municipio del departamento de Jinotega (norte) que en 2017 eligió como alcalde a Óscar Gadea Tinoco del partido CxL.
Esta localidad, junto a La Trinidad, El Almendro, El Cuá, San Sebastián de Yalí y Murra son parte de la lista de los municipios más empobrecidos y también de los más castigados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que, apenas recuperar el poder en el año 2007, convirtió las transferencias municipales en un método de venganza política.
Santa María de Pantasma, por ejemplo, es una localidad habitada por 53,499 personas, de las cuales 45,173 (85%) están asentadas en zonas rurales. Todo a su alrededor es precario, no tienen acceso a salud, el trabajo formal es inexistente y dependen de maltrechos caminos para realizar sus labores esenciales, comprobó un equipo de DESPACHO 505 que en 2019 se internó en las comunidades para conocer la realidad de los municipios más víctimas de la política de asfixia económica.
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Las penurias de este municipio en pocas ocasiones trascienden los casi 180 kilómetros que lo separan de la capital, Managua. Antes del actual asalto al gobierno municipal, Santa María de Pantasma fue noticia el 18 de noviembre de 2020, cuando en un acto de desesperación para enfrentar la calamidad provocada por el paso de los huracanes Eta e Iota, el alcalde se vio obligado a fiar alimentos en una pulpería para atender a 230 personas refugiadas en un albergue.
“Estamos sacando al fiado la comida en los establecimientos para resolverle a la gente”, declaró a DESPACHO 505 el alcalde Óscar Gadea, en esa ocasión. La falta de recursos del edil no fue un problema ocasionado por los fenómenos naturales, sino una consecuencia del castigo políticos que han sufrido las alcaldías opositoras durante el gobierno sandinista.
MANOSEO DE LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
Olga Valle, del organismo Urnas Abiertas, señala que el régimen Ortega-Murillo ha violado la Ley de Transferencia presupuestaria a los municipios de Nicaragua al otorgar caprichosamente este beneficio a las municipalidades, y convertirlo en una especie de premio-castigo.
Agrega que la Ley establece la “obligatoriedad del Estado de destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, el que se distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingreso”.
No obstante, Ortega ha hecho una distribución “asimétrica” de los recursos públicos lo cual “limita la capacidad de las municipalidades para poder responder a las necesidades de la ciudadanía”, señala Valle.
EL CASO DE WIWILÍ: ALCALDESA EXILIADA
La barrida de las alcaldías de CxL no es un hecho inédito. Mediante otras argucias, el orteguismo ha asaltado el poder local en Mulukukú y Wiwilí, todas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
La Alcaldía de Wiwilí fue usurpada en el año 2020 por el FSLN. El gobierno municipal correspondía a Reyna Hernández, una reconocida ganadera y productora de café que resultó electa con 10.868 votos (51%).
En enero del 2018 Hernández llegó a la Alcaldía de Wiwilí y tras poco más de dos años de trabajo fue sacada mediante un juego judicial, dice desde el exilio a DESPACHO 505. Agrega que en su municipio hay desencanto y ni quienes han sido parte de organizaciones políticas tienen interés alguna en participar de las votaciones de noviembre, pues ya el poder fue arrebatado.
Se refiere a la sentencia de dos años de inhabilitación a un cargo público que dictaminó el 31 de julio del 2020 la jueza orteguista Diana Isabel Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega.
Fue un complot, sostiene Hernández. El caso se remonta al mes de agosto del año 2018, cuando puso en marcha un saneamiento de la planilla municipal que alcanzó a 36 trabajadores y que generaba la responsabilidad económica de 1 millón 633 mil 959 córdobas.
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No obstante, los empleados despedidos promovieron una demanda laboral por 16.5 millones de córdobas que la Alcaldía no podía pagar, pero que el Ministerio del Trabajo y la Juez de Distrito Laboral de la Circunscripción Norte, Aída López Henríquez, respaldaron abriendo el camino para la toma del municipio.
FULMINA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL
El capítulo que se suma a la historia del municipalismo en Nicaragua es una reafirmación del proyecto dictatorial de lo Ortega Murillo. Los especialistas coinciden en que el país asiste a un golpe mortal al poder local, a la lucha por la autonomía municipal.
“Es una agresión brutal, es una demolición de la autonomía local”, zanja el sociólogo y municipalista Silvio Prado sobre la destitución de cinco alcaldes de CxL la cual se dio en menos de 48 horas.
No hay asidero legal para destituir a los ediles, plantea Prado. Todo lo actuado es contra norma, enfatiza.
Según la versión ofrecida por alcaldes y funcionarios destituidos de las alcaldías, la comitiva de asalto sandinista conformada por la Policía, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) y hasta paramilitares, argumentaron que la anulación de la personería jurídica del partido CxL bajo el cual fueron electos los dejaba imposibilitados de continuar en el ejercicio de sus cargos. Un “atropello vulgar”, califica el sociólogo y municipalista, Silvio Prado.
En la Ley de Municipios no hay ninguna causal que diga que se pierde la condición de alcalde o vicealcalde por el hecho de que el partido perdió la personalidad jurídica y tampoco faculta a Inifom para destituir autoridades.
“Es un absurdo total, una leguleyada absurda, por eso digo que es vulgar, hubieran sido finos en eso”, cuestionó Prado.
«Decir que la dictadura irrespeta las leyes es un piropo, (porque) para ellos las leyes no existen solo existe su voluntad”, añade.
Para el experto en municipalismo el régimen de Ortega está reafirmando su poder a menos de cuatro meses de que se lleven a cabo las elecciones municipales: “Aquí lo que está diciendo es que aquí solo hay un partido, el Frente Sandinista y los demás les voy a dar los cuechos que yo quiera, no lo que la población quiera”.
A cuatro meses de las elecciones municipales en Nicaragua el Consejo Supremo Electoral (CSE) bajo el control partidario, no ha convocado a los partidos políticos, Prado cree que el orteguismo cumplirá ese requisito cuando le “salga mejor, cuando les ronque”.
CUÁNDO Y CÓMO SE PUEDE DESTITUIR A UN ALCALDE
La Ley de Municipios establece que se puede perder la condición de alcalde y vicealcalde mediante la renuncia, por fallecimiento, cuando el funcionario sea condenado mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo, abandono de sus funciones por 60 días consecutivos sin justificar, así como haber sido declarado incurso de malos manejos de los fondos de la Alcaldía según resolución de la Contraloría General de la República. Ninguna de los alegatos de la dictadura cumplen con lo establecido en la ley, rebate Prado.
DEMOCRACIA EN PUNTO CRÍTICO
Por su parte Olga Valle de Urnas Abiertas, comparte que en Nicaragua se vive la ausencia de condiciones democráticas, de Estado de derecho, y además hay violencia política de “muchísima gravedad para expulsar de estos territorios a las autoridades electas por el voto popular”.
Agrega que dentro de la estrategia represiva de Ortega, utiliza a la Policía a pesar de que no es su competencia este tipo de tomas de instalaciones municipales.
“Al igual que en 2021, estamos viendo cómo aniquila el proceso electoral, incluso desde antes de iniciar. Las autoridades locales son parte de la estrategia represiva del régimen, no es en vano que el primer golpe mortal que el gobierno de Daniel Ortega le dio a la institucionalidad democrática, una vez que regresó al poder, es la adquisición del 72% de alcaldías en 2008”, denuncia Valle.
