La Asamblea Nacional consumó este miércoles la cancelación de la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales de carácter profesional, porque supuestamente están “acéfalas” y han incumplido sus obligaciones ante el Estado de Nicaragua. La medida aprobada con el voto de 72 votos de diputados de la bancada del FSLN y sus aliados que le garantizan el control mayoritario en el Parlamento a Daniel Ortega, es calificada una nueva represalia contra médicos que han hecho aportes especializados en el contexto de la pandemia de coronavirus. Al menos 15 de las 24 oenegés ilegalizadas son organizaciones médicas.

Durante el debate parlamentario, el único en tomar la palabra fue el diputado convertido al orteguismo Wilfredo Navarro, quien pese a asegurar que no se trataba de “un trompo enrollado” ni represalia calificó la medida como “una clarinada” para otras organizaciones que tienen cuentas pendientes con el Ministerio de Gobernación, y como ejemplo mencionó la inscripción como agentes extranjeros impuesta mediante la cuestionada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.

La iniciativa Decreto de Cancelación de Personerías Jurídicas de las 24 oenegés fue introducida ante la Asamblea Nacional, el pasado 22 de julio, por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, en atención a una solicitud del Ministerio de Gobernación, que acusa a las organizaciones han faltado a una serie de normativas y leyes que rigen su actividad, por lo que “han obstaculizado la labor de control y vigilancia del departamento de registro y control de asociaciones del Ministerio de Gobernación”.

La propuesta no solo contempla la cancelación de su certificación legal, sino que establece que los bienes y activos que pertenezcan a esas organizaciones pasen a ser “propiedad del Estado”, si en sus estatutos de las mismas no se contempla liquidación previa, ni se establece el destino sobre ello.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, también controlado por el orteguismo, las 24 oenegés han “desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuado contra le expresa”, contraviniendo lo establecido la Ley 997, Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y su reglamento, la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la normativa del Departamento de Asociaciones.

ASOCIACIÓN MÉDICA ENTRE LAS PERJUDICADAS

Entre las organizaciones de profesionales despojadas de personería jurídica está la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), integrada por unas 30 organizaciones médicas de todo el país, que en el contexto de la pandemia del coronavirus ha expresado críticas a la administración de Daniel Ortega por manejo inadecuado.

El pasado 19 de marzo, esta organización demandó a Ortega vacunar “inmediatamente” contra el Covid-19 al personal médico ya que no fue incluido en el primer grupo de sectores a ser inmunizados, tomando en cuenta su riesgo. La Asociación Médica Nicaragüense denunció a las autoridades del Ministerio de Salud de realizar proselitismo político con la vacunación y de engañar a la población a través de los medios de propaganda oficialistas, vendiendo el falso discurso de que el acceso a las vacunas es un beneficio que debe ser agradecido a Ortega.

La acción que anula la legalidad de las quince organizaciones médicas es parte de la escalada represiva desplegada de cara a las elecciones generales y que ha alcanzado a aspirantes presidenciales, líderes de movimientos y organizaciones de sociedad civil, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos, campesinos.

Parte de esto son las citatorias que el Ministerio de Salud gira desde la semana pasada a médicos independientes para advertirles que sus declaraciones públicas sobre temas de salud que no se apeguen a los que ofrece la institución podrían constituir delito al amparo de la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Morzada, y que eso también podría derivar en la cancelación de su licencia médica.

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