La Asamblea Nacional, con el voto mayoritario de los diputados del FSLN, consumó este jueves la cancelación de la personería jurídica a 15 organizaciones no gubernamentales que se dedicaban a la promoción de temas de salud, defensa de las mujeres, fomento local, promoción de la cultura, entre otros ámbitos de de interés social y desarrollo local.

La votación para ilegalizar a estas oenegés cerró con 70 votos a favor, uno en contra y 13 abstenciones. Dicho procedimiento fue un simple formalismo ya que en el último mes el régimen orteguista ha utilizado al Ministerio de Gobernación como su instrumento para reprimir a organizaciones nacionales e internacionales.

Las nuevas organizaciones liquidadas son: Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular (Iniep), Asociación Soya de Nicaragua (SOYNICA), Acción Médica Cristiana, Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social (ICIS), Asociación Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia (Cegodem), Federación de Organismos No-Gubernamentales de Nicaragua (ONG Nicaragua), Fundación Diakonia Nicaragua, Fundación Entre Volcanes, Fundación Médica Nicaragüenses Dra. Concepción Palacios (Fumednic); Fundación Mejía Godoy, Fundación Xochiquetzal, Asociación Instituto de Investigación y Gestión Social (Inges), Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka – Jalapa (Oyanka) y la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local).

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El régimen por medio de Gobernación acusa a las organizaciones de obstaculizar “el proceso de supervisión, control y vigilancia que para tal efecto realiza el Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro”.

Además, las señala de incumplir con la entrega de sus estados financieros en los periodos comprendidos entre el 2006-2020, ni los convenios con donantes y organizaciones sobre los proyectos y actividades que definan las fuentes de financiamiento. Estos mismos argumentos utilizó Gobernación para cancelar el registro y número perpetuo a seis organizaciones internacionales.

55 OENEGÉS DESAPARECIDAS DESDE 2018

En 30 días el régimen de Daniel Ortega ha ilegalizado a 45 las organizaciones y organismos internacionales con lo cual incrementó a 55 el total de oenegés que ha ordenado desaparecer desde el año 2018.

El pasado 28 de julio la Asamblea Nacional despojó de personería jurídica a 24 oenegés nacionales, y el 16 de agosto el Ministerio de Gobernación canceló el registro y seis organismos internacionales. Estas se suman a las nueve que en 2018 fueron despojadas de se personalidad jurídica y desmanteladas. La persecución continúo en el 2020 con la orden de cierre de la Asociación de hermanamientos municipales de Camoapa.

Diversos sectores han manifestado que la intención del régimen con esta medida es silenciar las voces que denuncian las violaciones a los derechos humanos, así como mandar un mensaje a los donantes y es que todos los fondos serán canalizados a través del Estado.

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COMUNIDADES SE QUEDAN SIN AYUDA

Durante la sesión parlamentaria, el diputado Brooklyn Rivera del partido indígena Yatama reclamó al plenario por la cancelación de la personería jurídica de la organización Acción Médica Cristiana, señalando que él mismo ha sido testigo del trabajo que realiza en las comunidades indígenas, principalmente en zonas como Prinzapolka y Waspam, las cuales son zonas vulnerables, empobrecidas y con limitados servicios de instituciones gubernamentales.

Destacó que la oenegé ha estado presente en situaciones de calamidad brindando asistencia a los comunitarios en temas de salud, rehabilitación socioeconómica donando implementos de trabajo y semillas.

“También el organismo ha servido en situaciones de emergencia, ha venido acompañando a las comunidades cuando hay afectaciones por inundaciones por huracanes, pandemia, constantemente ha estado acompañando, ahora se procede a su cancelación de personería jurídica y con eso deja descubierto estos territorios vulnerables y no hay otros organismos, lo más lamentable es que no hay otros organismos, que va a sustituir a este organismo”, manifestó el parlamentario indígena.

Pidió a la directiva que, además de considerar los aspectos legales para tomar “decisiones extremas” analizaran el impacto social del trabajo que desarrollan las organizaciones en las comunidades. No fue escuchado.

Mientras que Gustavo Porras, el sancionado presidente de la Junta Directiva del Parlamento, se lavó las manos. Dijo que solo cumplen con las leyes que aprobaron, pero no dio una respuesta a la demanda de Rivera sobre la falta de atención gubernamental a las comunidades más vulnerables del país.

“Que por que allá hay alguien que atiende poblaciones vulnerables, entonces como yo soy población vulnerable voy a manejar sin licencia, no, la Ley se cumple”, sentenció Porras al defender la decisión en contra de las oenegés.

DAN PERSONERÍA JURÍDICA A SUS ORGANIZACIONES

Un día antes, el plenario del Parlamento aprobó con 78 votos a favor la personería jurídica a la Asociación “Tierra de Niños, Nicaragua”, (TNN), que fue una iniciativa presentada por el diputado sandinista Wilfredo Navarro.

Los miembros de la junta directiva de esta organización son: Lisseth Bravo Morales, presidenta; Nelson Daniel Meza Velásquez, vicepresidente; el tesorero es Meysis Aleyda Chaverry Rojas; el secretario es Jefferson Emanuel Bravo Morales y el vocal es José Luis Ortiz Carballo.

También los diputados sandinistas remitieron a la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos la iniciativa para que le otorguen la personalidad jurídica a la Asociación de Ministerio de Iglesias Jesús Rey de Gloria, la que presuntamente es sin fines de lucro, con duración indefinida con domicilio en el municipio de San Marcos, departamento de Carazo. La iniciativa la presentó la diputada sandinista Josefina Roa Romero.

Recientemente Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), criticó que mientras la Asamblea Nacional ilegaliza oenegés con trayectoria nacional, por otro lado, aprueba personería jurídica a una serie de organizaciones “paraestatales sobre todo de tendencia religiosa”. La defensora deploró el ataque desmedido a organizaciones que prestan un verdadero servicio a la sociedad.

“Estas acciones están terminando de perfilar el carácter dictatorial que tiene a nivel internacional y cada día se le cerrarán más las puertas a dónde pueda estirar la mano para pedir dinero”, enfatizó.

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