El Legislativo de Nicaragua se ha convertido en una máquina demoledora de oenegés. En los primeros seis meses de este año, el orteguismo que controla este poder del Estado ha cancelado 541 organizaciones sin fines de lucro. Para esta operación solo han requerido de 14 decretos.
Según el registro de la limpieza de oenegés incómodas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los meses de mayo y junio han sido los más «violentos», pues concentran el grueso de las cancelaciones, con 464.
Amaru Ruiz, presidente de la ilegalizada Fundación del Río una de las primeras en ser ilegalizadas en el contexto del estallido social de abril de 2018, critica que el rol de la Asamblea Nacional se haya reducido a la de un “títere” al servicio del régimen de Daniel Ortega.
En principio, cuestiona que la instauración de la “cultura de trámite de urgencia” al que cada vez con mayor frecuencia recurre el líder sandinista, quien ejerce su cuarto periodo consecutivo desde que volvió al poder en 2007. Ruiz señala que Ortega ha desvirtuado el término “y estas iniciativas no son de carácter urgente”.
“Lo que tenemos es a una Asamblea como un operador más del régimen de Ortega-Murillo que no solo establece la legislación que criminaliza la labor de las organizaciones de la sociedad civil, sino que anula el espacio cívico y el derecho a la libertad de asociación”, expresó Ruiz.
El presidente de la Fundación del Río sostiene que la meta del régimen Ortega-Murillo es cancelar 1.797 oenegés en este año, por lo que no descarta que mantenga el ritmo ilegalizaciones.
Ruiz recordó que en el 2020, personeros de Ortega-Murillo, presentó ante el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano un informe donde señala que más de 1,797 oenegés representaban un riesgo. “En el lenguaje del régimen, riesgo es que no son adeptas a ellos”, señala el presidente de la Fundación del Río.
“Para nosotros este dato de 1,797 es un indicador de las organizaciones que van a ser canceladas”, afirma Ruiz, quien añade que los grandes perdedores son los sectores vulnerables de la población nicaragüense.
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REPRESIÓN LEGISLATIVA
Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que entre las oenegés ilegalizadas la mayoría son de promoción de social y desarrollo, también hay gremiales y de producción, desarrollo municipal y local, religiosas, defensoras de derechos de mujeres, niñez y juventud, así como culturales, de medioambiente y de indígenas.
Guadamuz atribuye la arremetida de la Asamblea Nacional contra estas organizaciones a una “expresión de la represión legislativa”, ya que este poder del Estado es una “organización represora”.
“El impacto de estos cierres es realmente grave, afecta a toda la población del territorio nacional”, afirma Guadamuz.
El defensor de derechos humanos indica que los daños al país por el cierre de estas oenegés “son incalculable”, por la cantidad de proyectos de asistencia que se cancelaron, las plazas de trabajo que se cerraron, y además “hay importantes recursos que no ingresaran al país”.
CANCELACIONES SIN DERECHO A LA DEFENSA
En febrero en dos sesiones, los parlamentarios decidieron suspender a 24 organizaciones incluyendo varias universidades como la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), uno de los bastiones de las protestas populares de abril del 2018.
En ese momento Rodríguez señaló que las cancelaciones era un proceso “normal”, ya que el Parlamento les daba su partida de nacimiento, y también su acta de defunción. Pero además, las acusó de que había muchas “fundaciones que se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse”.
“Hay sobradas razones por el Ministerio de Gobernación por lo cual nos manda la cancelación de estas personerías jurídicas y este va a ser un proceso que va a continuar en la Asamblea Nacional y nadie debe de asustarse porque es un proceso normal”, señaló en febrero Filiberto Rodríguez.
En marzo y abril se mantuvo el número de ilegalizaciones en 25 en cada mes, pero en mayo el número se incrementó a 177, producto de la entrada en vigencia de la Ley General de Regulación y Control de los Organismos Sin Fines de Lucro, la cual según expertos, legaliza las confiscaciones de los bienes de las oenegés que Ortega mandaba a cancelar.
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JUNIO, UN MES NEFASTO PARA OENEGÉS
En lo que va de junio, los orteguistas han suspendido 287 organizaciones, sin discusiones de ningún tipo de parte de los parlamentarios presentes.
Amaru Ruiz señala que el Ministerio de Gobernación no les dio el derecho a la defensa a las organizaciones para que éstas respondieran a los señalamientos de estar con juntas directivas vencidas, no reportar desglose de estados financieros, no inscribirse como agentes extranjeros, entre otros puntos.
En los primeros seis meses del año, los parlamentarios además han aprobado 17 leyes que reforman instituciones públicas, tres leyes por medio de las cuales rebautizaron las universidades que confiscaron en febrero, así como 10 decretos legislativos entre los que se encuentran pensiones de gracia. También se encuentra la aprobación de tres leyes y dos declaraciones de apoyo al régimen de Ortega.
