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Reporte 505

Asamblea traspasa a Gobernación facultad para cancelar oenegés

La reforma elimina la relación que mantenían los gremios empresariales con el Mific y ahora el control de su funcionamiento quedaría en manos del Ministerio de Gobernación, verdugo de las oenegés.

El Ministerio de Gobernación podrá otorgar y cancelar personerías jurídicas de las oenegés en Nicaragua sin pasar por la Asamblea Nacional, de ser aprobada la propuesta de reforma de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL), enviada por Gustavo Porras.

La propuesta de Porras, también pretende que Gobernación controle el funcionamiento de las cámaras empresariales, delimitando su campo de acción a la promoción de la estabilidad de la actividad económica y sociales del país.

«Es un avance más en el control autoritario y claro una amenaza más a las organizaciones gremiales, a los sectores empresariales. Una advertencia de que se repetirá con sus asociaciones, el mismo patrón de represión y cierres que han sufrido a las organizaciones no gubernamentales», dice un fuente económica.

De acuerdo a la reforma, Gobernación controlará el funcionamiento tanto de las oenegés, asociaciones religiosas y caritativas, organizaciones deportivas y de las organizaciones empresariales.

También otorga facultades a la Dirección General de Registro y Control de Gobernación a sancionar e intervenir a cualquier organismo sin fines de lucro, incluso, pedir la anulación de la personería jurídica.

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HASTA LA CÁRCEL

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El artículo 38 de la iniciativa de reforma señala que «la Dirección General de Registro y Control de OSFL, podrá aplicar las sanciones administrativas de multa, intervención y suspensión, cuando corresponda«, pero no explica las causales en las que deben incurrir las oenegés. Asimismo, señala que esta dirección «podrá emitir Dictamen Legal para solicitar la cancelación de la personalidad jurídica del OSFL».

La Asamblea Nacional ha sido la tumba de 1,300 oenegés que el régimen orteguista mandó a anular.

Estas sanciones a las que se refiere el artículo 38, no exime cualquier responsabilidad civil o penal que determine Gobernación. «El asunto es muy grave, no solo se habla de requisas y cierres, queda la amenaza de poder abrir causas judiciales a quienes ellos consideren y lamentablemente ya sabemos como funcionan las instituciones del Estado», agrega la fuente económica.

Hasta ahora la Asamblea Nacional controlada por Daniel Ortega, ha cancelado a unas 1,300 oenegés desde el 2018, por considerarlas enemigas de su régimen.

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CONTROL TOTAL

La propuesta de Porras derogaría la Ley General de Cámaras de Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales, o Ley 849, e indica que las organizaciones gremiales y empresariales pasarán a ser reguladas por la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que ha sido el instrumento con que la dictadura ha destruido a las oenegés en el país.

Las cámaras empresariales respondían al Ministerio de Fomento Industria y Comercio, Mific, y ahora tendrían un plazo de 90 días para convalidar su personalidad jurídica con toda la documentación operativa y financiera ante el Ministerio de Gobernación, bajo el riesgo de ser anuladas, si así lo decide el ente regulador orteguista.

La reforma de Gustavo Porras obliga a las organizaciones gremiales empresarial que están legalmente constituidas a acudir a la Dirección General de Registros y Control de OSFL para revisar la situación legal y funcionamiento «apegados» a lo que establece su personalidad jurídica o ser requeridos en cualquier momento por esa entidad.

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«En caso de encontrarse omisión o error, y sea necesario subsanar algunos de los documentos legales, se notificará por auto administrativo al interesado por vía electrónica o física, para que proceda a corregir o a completar la información requerida», señala la propuesta de reforma.

Voces de las organizaciones canceladas por el orteguismo, denunciaron que el Ministerio de Gobernación se negó a recibirles la documentación relacionada a informes o enmiendas que la misma oficina de regulación les exigió, con la intención de hacerlos caer en la ilegalidad y cancelarlas.

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