La Asesora Penitenciaria de la Delegación Regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja, (CICR), María Noel Rodríguez Tochetti, visitó la semana pasada las instalaciones de los sistemas penitenciario del país La Modelo y La Esperanza para capacitar a los funcionarios en derechos humanos. En ambos centros penitenciarios los presos políticos vivieron torturas y violaciones de sus derechos, según han denunciado ante organismos defensores.

El objetivo de la visita, según medios oficialistas, fue conocer “las actividades que realizan los privados de libertad y su reinserción a la sociedad, una vez que estos cumplen sus condenas, en el marco del mandato humanitario del CICR”.  La funcionaria impartió capacitación en “Gestión penitenciaria en clave de derechos humanos”, a funcionarios del Sistema Penitenciario, de la Escuela Penitenciaria y Asesoría Jurídica del Sistema Penitenciarias.

Rodríguez Tochetti, se reunió con la ministra de Gobernaciónm María Amelia Coronel, con el viceministro Luis Cañas, con el Prefecto Julio Orozco, del Sistema Penitenciario Nacional. Así como el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Marvin Aguilar, con la Defensoría Pública del Poder Judicial, Procuraduría para la Defensa de losDerechos Humanos (PDDH), Policía Nacional y Ministerio de Relaciones Exteriores.

NO LOS INVITARON A REUNIRSE

Rodrigo Navarrete de la Organización Víctimas de Abril (OVA), explicó que la organización a la que pertenece no recibió ninguna invitación para sostener un encuentro con la funcionaria de la CICR. Rodrigo es el tío de Jaime Navarrete, a quien la Corte Suprema de Justicia en días pasados le rechazó un recurso de casación que se llevaba desde abril del año 2020.

“Vamos a enviar el último paso que es para revisión y si eso tampoco da a lugar, entonces vamos a proceder a los trámites a nivel internacional de la CIDH (Comisión Internacional de Derechos Humanos)”, comentó Navarrete.

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 Karen Lacayo Rodríguez, hermana del preso político Edward Lacayo conocido como “La loba feroz de Monimbó”, Masaya, dijo que la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP), no se han reunido con María Noel Rodríguez Tochetti.

 Pero sí han estado en contacto con miembros de la Cruz Roja Internacional, quienes les han manifestado que han visitado a los presos políticos, “pero de ahí no dicen nada” ya que es confidencial.  

“Solo cuando vamos a ver a nuestros presos ya no damos cuenta de lo que hablaron”, expuso Karen, quien comentó la preocupación de los familiares por las violaciones a los derechos humanos de la que son víctimas los reos de conciencia.

Karen indicó que en el caso de su hermano Edward, desde el pasado 10 de noviembre del año pasado no le entregan la paquetería que le llevan sus familiares. “Se lo han robado los del Sistema Penitenciario de La Modelo. Mi hermano está en celda de máxima seguridad es una persona diabética y de igual manera no le dan sus medicinas”.

Además, denunció que son víctimas de maltrato verbal por parte de las autoridades penitenciarias.

Marbely Montoya, del Grupo de Secuestrados Políticos Unidos, indicó que no se dieron cuenta de la visita de la funcionaria de la CICR ya que le hubieran planteado la situación que enfrentan los presos políticos, en especial la de dos reos de conciencia que padecen cáncer. “Ellos están muy mal”, indicó Marbely.

Se ha conocido que varios de los presos políticos, ante las difíciles condiciones de las cárceles han realizado huelgas de hambre y hasta han llegado a zurcirse los labios para demandar su libertad.

Amnistía Internacional en un informe titulado: “En Silencio a cualquier precio: tácticas de Estado para profundizar la represión en Nicaragua“, explicó que a finales de noviembre de 2020 más de 100 personas permanecían tras las rejas únicamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.

Asimismo, advirtió que la situación de los denominados presos políticos no mejora significativamente “incluso después de salir de prisión”.

“Los activistas liberados y sus familiares informan que el nivel de acoso que experimentan tras su regreso a casa es tal que les impide realizar sus actividades diarias, como trabajar o estudiar, y que continuar con su activismo conlleva un alto riesgo para su vida y libertad”, indicó el organismo.

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