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    Reporte 505

    Así vuelve Nicaragua a la OEA ocho meses después de la Asamblea General

    La Secretaría General de la OEA reafirma que en Nicaragua hay una alteración del orden constitucional. Leyes represivas, supresión de libertades y cárcel a opositores podrían acelerar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

    OEA

    La crisis de Nicaragua regresa este martes al pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA), ocho meses después de la aprobación de una resolución de la Asamblea General que Daniel Ortega incumplió.  

    El arresto de cuatro precandidatos presidenciales y otros líderes de la oposición han provocado que el secretario general Luis Almagro solicitara la convocatoria de una reunión urgente para “activar los mecanismos” de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, pero no son los únicos acontecimientos 

    Aquí te presentamos los actos claves que han reafirmado lo que, a criterio de la Secretaría General de la OEA, “en Nicaragua se ha producido una alteración del orden constitucional al tenor del artículo 20 de la carta Democrática Interamericana”. 

    En la sesión de hoy se sometería a votación un nuevo proyecto de resolución que pide a la Secretaría General y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dos nuevos informes sobre la situación del país antes de convocar a la Asamblea General.

    APROBACIÓN DE LEYES REPRESIVAS 

    Además de la continua supresión de facto de las libertades ciudadanas, en octubre del año pasado el régimen emprendió la aprobación de una serie de leyes encaminadas a fortalecer su modelo represivo contra opositores que, ahora está aplicando. Dos días antes de la Asamblea General de la OEA, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialista Frente Sandinista, aprobó la denominada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.  

    Con esta ley el régimen de Daniel Ortega se otorga facultades para realizar espionaje financiero, intervenir fondos y hasta suspender personerías jurídicas.  

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    El 29 de enero de este año el Ministerio de Gobernación publicó el Reglamento de la Ley de Agentes Extranjeros, que contempla multas de hasta medio millón de dólares para las personas y organizaciones nacionales e internacionales que se nieguen a inscribirse como tal o “intervengan en la política interna de Nicaragua”.   

    LEY DE CIBERDELITOS  

    Desde el 30 de diciembre pasado también entró en vigencia la denominada Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, con la que el Ministerio Público ya ha amenazado a varios periodistas en el marco de la investigación por supuesto lavado de dinero contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro.  

    Con la Ley Mordaza el régimen de Daniel Ortega se otorga la facultad de multar, procesar y encarcelar a cualquier persona que difunda lo que considere una “notifica falsa” o cualquier información que cause “zozobra” entre la población. 

    La interpretación de conceptos como “notifica falsa” queda en manos del régimen, por lo que expertos consideran que será una herramienta represiva contra opositores y medios independientes. 

    Con la Ley Mordaza se prevé condenar con hasta seis años de prisión a cualquier persona que a través de medios informáticos difunda información clasificada como no autorizada, falsa o tergiversada “que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella”.   

    LEY DE INHIBICIONES 

    El 21 de diciembre pasado la Asamblea Nacional en su última sesión de 2020 aprobó la denominada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, con la que se otorga la facultad de declarar “traidores a la patria” a quienes “piden o aplauden” sanciones contra el Gobierno de Nicaragua y sus ciudadanos.  

    Esta Ley que solo consta de dos artículos señala que quienes sean declarados “traidores a la paria” no podrán ser candidatos a cargos de elección popular.  

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    Bajo esta Ley 1,055 fueron detenidos y están siendo investigados los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz. Asimismo, están detenidos bajo los mismos señalamientos los opositores José Pallais, José Adán Aguerri, Violeta Granera, Tamara Dávila, Dora Marí Téllez, Ana Margarita Vigil, Suyén Barahona, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres.  

    REFORMA ELECTORAL IMPUESTA 

    El pasado 4 de mayo el régimen aprobó unas reformas electorales que no cumplen con las exigencias de la oposición nicaragüense, sociedad civil, la Iglesia, la OEA y gran parte de la comunidad internacional.  

    La reforma a la Ley Electoral de Nicaragua da clara ventaja a Daniel Ortega frente a la oposición de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.  

    Incluye disposiciones para excluir a los candidatos de la participación, otorga a la Policía Nacional nuevos poderes inapropiados para prohibir las reuniones de los partidos de la oposición y los actos de campaña.   

    Tampoco se prevé la notificación oportuna y transparente de los resultados, y no prevé la observación electoral independiente nacional o internacional. 

    LO QUE PIDIÓ LA OEA  

    La resolución de la Asamblea General de la OEA planteó al régimen de Daniel Ortega recomendaciones específicas para la implementación de las reformas electorales, enmarcadas en el Memorándum de Entendimiento firmado entre el Gobierno y la OEA en febrero de 2017.  

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    a) La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable  

    b) Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos  

    c) Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes  

    d) Una observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada  

    e) Un registro de votantes transparente y efectivo, la distribución de tarjetas de identificación y la gestión de centros de votación  

    f) Un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real  

    g) Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos 

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    El secretario general de la OEA, Luis Almagro ha dicho que estas reformas “claramente dan ventaja absoluta” a Daniel Ortega, “quien tiene el control de la administración y justicia electoral”, por lo tanto “elimina las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo” en noviembre próximo.   

    Con estas acciones, Ortega ya tiene el camino despejado para fraguar un fraude electoral en las elecciones generales, que le permita seguir gobernando con mano de hierro a los nicaragüenses más allá de 2021.    

    El posicionamiento de los gobiernos de la región ante las maniobras de la dictadura en Nicaragua está por verse esta tarde.  

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