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    Reporte 505

    Aumenta a 134 la cantidad de presos políticos del régimen de Daniel Ortega

    El régimen orteguista sepultó las negociaciones y continúa llenando las cárceles de ciudadanos “fichados” como opositores, a quienes acusa por delitos comunes. Persiste la criminalización de las protestas cívicas, advirtió la CIDH en su último informe sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

    El régimen orteguista sepultó las negociaciones y continúa llenando las cárceles de ciudadanos fichados como opositores, a quienes acusa por delitos comunes. Persiste la criminalización de las protestas cívicas, advirtió la CIDH en su último informe sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

    La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) elevó a 134 la cantidad de ciudadanos encarcelados por razones políticas en Nicaragua, como parte de las acciones represivas contra aquellos que, pese a los riesgos, continúan exigiendo libertades y democracia.

    La UNAB actualizó el dato ante la escalada represiva contra personas identificadas como opositoras al régimen, entre ellas las detenciones ilegales ejecutadas por la Policía Orteguista y la formulación de acusaciones por delitos comunes contra opositores, como formas de criminalizar la protesta cívica.

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    En su último informe sobre la crisis de Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) reiteró su preocupación por la criminalización selectiva, las violaciones a las garantías del debido proceso y la manipulación del derecho penal, como evidencia de la falta de independencia del sistema de administración de justicia nicaragüense y que se ha agravado desde el 18 de abril.

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    El reporte de la CIDH fue emitido cuando había 120 casos documentados de presos políticos que no han sido liberados; pero que según la UNAB ahora hay al menos 134.

    “La Comisión hace un llamado a cesar los actos violatorios a los derechos humanos que se siguen dando en el país, y especialmente a generar a la brevedad un auténtico diálogo democrático que permita abordar las causas estructurales que facilitan dichas violaciones”, manifestó la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH.

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    Ante la escalada represiva en Nicaragua, expresada también en una serie de denuncias sobre ejecuciones selectivas de opositores en zonas rurales, la CIDH señaló la falta de voluntad del régimen para alcanzar el restablecimiento efectivo de los derechos y garantías fundamentales restringidas en el contexto del estado policial y de grave deterioro institucional que se mantiene en el país.

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