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Autoridades locales cabildean para que colonos sean aceptados en territorios indígenas

Líderes comunitarios indígenas rechazaron la propuesta presentada por la alcaldía de Waspam de convivir con los colonos vulnera sus derechos

Foto de Houston Castillo, Voz de América.

Líderes territoriales indígenas del Caribe Norte denunciaron que las autoridades locales está promoviendo la cohabitación con los colonos invasores y no les garantizan la seguridad que las comunidades indígenas demanda al Ejecutivo.

El pasado fin de semana, en la comunidad de Santa Clara, la Alcaldía de Waspam y el gobierno territorial de Wangki Twi Tasba Raya realizaron una “asamblea de consulta” donde orientan que los comunitarios acepten el arrendamiento o la cohabitación con los colonos.

La propuesta de las autoridades locales no fue bien recibida, ya que consideran que los colonos deben ser desalojado de la zona y reubicados en un banco de tierra que el régimen de Daniel Ortega decida.

Líderes indígenas rechazaron la propuesta, porque consideran están proponiendo convivir con asesinos y violadores.

El ambientalista Amaru Ruiz considera inoportuna la propuesta de que las comunidades indígenas convivan con los colonos porque no se sienten seguros.

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“Eso tiene unas fuertes implicaciones porque las comunidades indígenas no se sienten seguras con esas personas, porque son los que han asesinado a sus familiares, cambian la forma de gobernanza ya que serán más colonos que indígenas”, expone Ruiz.

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por medio del Ministerio Público acusó el pasado 27 de enero, a 24 personas que invadieron territorio indígena de Alal en el municipio de Bonanza en el Caribe Norte de Nicaragua.

RÉGIMEN A PRUEBA

Las 24 personas cuyas identidades y la zona de origen se mantiene bajo reserva de las autoridades, son acusadas por los delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales, luego de que invadieron y atacaron a los pobladores de la zona.

Wari, un defensor de los derechos humanos y acompañante de las comunidades indígenas miskitu y mayangnas, espera que la acusación sea una primera muestra de voluntad del Estado para abordar la invasión de las tierras indígenas y no una acción esporádica para tratar de “lavarse la cara” frente a la comunidad internacional.

“Independiente del objetivo que sea del gobierno, si va a hacer algo en las comunidades que lo haga con todas las garantías posibles y no sea una acción aislada en donde al final las comunidades sean las que sufran más violaciones, eso es lo que no queremos”, expresó Wari, quien recordó que, desde abril del 2018, Daniel Ortega es señalado de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

TEMOR A REPRESALIA

Un líder comunitario que pidió omitir su nombre por temor a represalias considera como positiva la acusación “y eso es lo que siempre hemos estado esperando, que el gobierno actúe” y, además, considera que puede ser un fuerte llamado a los invasores ya que siempre han dicho que tienen el respaldo de las autoridades oficiales.

También demandó justicia para los perpetradores de todas las masacre tanto para los actores materiales e intelectuales.

“Si el gobierno tiene la voluntad de colaborar con las comunidades tiene que otorgarle el derecho a la libre organización, a la elección de autoridades tradicionales a través del uso y costumbre y evitar la imposición de ellas”, manifestó el líder comunitario.

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Indicó que las autoridades comunales en los 23 territorios indígenas que hay en la costa Caribe de Nicaragua todos son impuestos, “todos son operadores políticos del Frente Sandinista” con los cuales no se puede dialogar ya que no representan el sentir de las comunidades.

BAJAR EL RESENTIMIENTO DE LOS COMUNITARIOS

Wari espera ahora que las instituciones del Estado como la Policía y el Ejército actúen “más seguido” deteniendo a los invasores de tierras, que deja como consecuencias conflictos, asesinatos, secuestros, violaciones, afectaciones a los medios de vida y la cultura de las comunidades.

“Las comunidades han resistido, aunque sea comiendo un tiempo de arroz, porque ya no van a cazar o pescar. Para nosotros es primordial, de vida o muerte, un SOS de que el Estado haga una acción para poder proteger a estas comunidades indígenas”, señaló Wari.

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Por su parte Amaru Ruiz, presidente de la ilegalizada Fundación del Río, dijo que hay que esperar la declaratoria de culpabilidad de los 24 acusados, porque hay experiencias donde los invasores han quedado en libertad. Además, que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en ocasiones anteriores ha mandado mensajes de impunidad a los invasores.

“Para mí fue una medida para tratar de disminuir el resentimiento de las comunidades Mayangnas en ese territorio. Están en un son de paz entregando a estas personas para su debido procesamiento, pero no fue por algo que el propio régimen tenía concebido hacer”, manifestó Ruiz.

Añadió que este no es el único territorio afectado por las tomas de tierras y donde el régimen no ha mostrado la voluntad para detener los procesos de invasión de territorios indígenas.

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LEY DEBE SER IGUAL PARA TODOS

Señala Wari que el mensaje de enjuiciamiento a los que quieran invadir tierras indígenas no solo debe ser para los colonos, sino también para los líderes comunitarios, autoridades territoriales e institucionales, secretarios políticos del partido de gobierno y las alcaldías.

Instó al Poder Ejecutivo a emitir un comunicado donde oriente claramente a la Policía, Ejército y el Poder Judicial que van a capturar, acusar y procesar a los invasores de tierras, así como la ejecución de planes de protección a los pobladores de las comunidades que han denunciado invasión a sus tierras.

Llamó a reactivar la Comisión Interinstitucional en defensa de la Madre tierra para que realicen asambleas comunitarias y escuchen la problemática de los habitantes de esas zonas.

“En cualquier proceso que el Estado desarrolle para erradicar la violencia existente en las comunidades indígenas tiene que ser consultada con la asamblea comunal y no con la autoridad territorial o comunal que son impuesto por ellos”, indicó Wari.

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