La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet brindó una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet denunció este jueves las persistentes violaciones de derechos humanos en Nicaragua cometidas por el régimen de Daniel Ortega, la impunidad que impera desde abril de 2018, y la falta de medidas efectivas para hacer frente a la crisis del coronavirus.  

Bachelet denunció ante la comunidad internacional que en Nicaragua se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el régimen percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y exdetenidos políticos. 

“El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente”, dijo.  

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Entre marzo y junio de este año, la Oficina Regional de Bachelet en Panamá documentó 43 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras. 

La Alta Comisionada lamentó que “aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, también debido a la Ley de Amnistía”. 

“Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos”, alertó la alta funcionaria de Naciones Unidas desde Ginebra, Suiza. 

Reconoció las recientes liberaciones bajo el beneficio de convivencia familiar de 4.515 reclusos, lo que facilita la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios. 

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Sin embargo, Bachelet destacó que ninguno de los 86 presos políticos registrados por sociedad civil al 4 de mayo, fue beneficiado con esta medida. “Reitero mi recomendación de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años”, demandó. 

LA CRISIS DEL COVID-19 

En una segunda parte de su informe la Alta Comisionada denunció la falta de medidas efectivas como el distanciamiento físico, el despido de médicos que han criticado la respuesta estatal a la pandemia y explicó cómo en medio de la crisis del coronavirus las fuerzas estatales siguen reprimiendo a las personas opositoras en el país.  

La crisis sanitaria causada por la COVID-19, sostuvo Bachelet, “ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático”.  

“El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales. Existe también poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos”, denunció. 

La pandemia además ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los femicidios, advirtió. Durante los cinco primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo período del año pasado habrían registrado 27 casos. 

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Aunque el régimen ha señalado que ha estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando casa a casa para detectar casos, la Michelle Bachelet lamentó que algunas medidas gubernamentales “no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico”. 

Sobre los despidos de médicos y personal de salud, detalló que hasta la fecha, su Oficina ha recibido denuncias de que al menos 16 personas habrían sido despedidas sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia. 

DIÁLOGO Y REFORMAS ELECTORALES 

Bachelet llamó a las autoridades nicaragüenses a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano. 

“Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente”, destacó. 

Finalmente, reiteró su disposición para brindar cooperación técnica a todos los actores e instó también al Consejo de Derechos Humanos a que continúe monitoreando la situación de Nicaragua. 

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