La Alta Comisionada dijo este jueves que la pandemia de COVID-19 incrementó las “restricciones del espacio cívico y democrático” en Nicaragua, pero la delegación de Ortega lo negó todo.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, puso “el dedo en la llaga” sobre la situación de Nicaragua, al advertir este jueves que la pandemia de COVID-19 incrementó las “restricciones del espacio cívico y democrático”, valoraron los dos principales grupos opositores del país.

“El informe es detallado. Bachelet está bien informada de todo lo que está pasando en Nicaragua. Sigue poniendo el dedo en la llaga, sigue hablando a nivel internacional de cómo este dictador (Daniel Ortega), con sus decisiones, nos coloca entre los regímenes más totalitarios e irresponsables del mundo”, dijo el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.

En su informe de febrero a junio, presentado hoy en Ginebra, Bachelet hizo referencia a la “poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos” de coronavirus, y a que “se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y exdetenidos políticos”.

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“La exposición de Bachelet fue sumamente clara, bastante aterrizada al contexto, y evidencia la falta de éxito que han tenido los esfuerzos del régimen por minimizar y ocultar las violaciones a los derechos humanos, y actuaciones negligentes de cara a la pandemia”, dijo, por su lado, Alexa Zamora, integrante del consejo político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

Los representantes nicaragüenses en Ginebra rechazaron el informe de la alta comisionada y afirmaron que “Nicaragua, además de luchar contra la pandemia, debe también combatir las campañas de desinformación y odio que emanan de sectores adversos al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”.

“EVIDENCIA DEL ABUSO”

Los opositores coincidieron en que el Gobierno de Ortega ya no tiene argumentos para justificar sus decisiones, ni siquiera al permitir, de forma tardía, el ingreso de cientos de nicaragüenses varados en países vecinos a causa de la pandemia, poco antes de la presentación de Bachelet.

“Esto más bien refuerza la imagen negativa que Ortega y su dictadura está teniendo en todo este tiempo, es evidencia del abuso e irrespeto al propio nicaragüense”, sostuvo Chamorro.

Zamora agregó que el informe “nos facilita, en cierta medida, poder avanzar en la solicitud de acciones más contundentes, más tangibles, para demandar, no sólo la salida del régimen, sino también en el tema de sanciones a funcionarios que han sido partícipes y siguen ejecutando crímenes de lesa humanidad, represión, en el tema de la pandemia”.

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La alta comisionada hizo referencia a decenas de “denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras”.

También señaló homicidios no investigados, incremento de feminicidios como producto del mal manejo de la pandemia, excarcelaciones de reos que no incluyen a “presos políticos”.

Sobre la pandemia del nuevo coronavirus, destacó que “el discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales”.

A fines de junio pasado la Alianza Cívica, la Unidad Nacional, junto con el Movimiento Campesino y cuatro partidos opositores, firmaron los estatutos de conformación de la Coalición Nacional, cuyo objetivo es sacar a Ortega del poder a través de elecciones.

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