La primera reacción en Europa tras la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua insta al Consejo Europeo a responder de la manera más enérgica y sin dilaciones con sanciones y la activación de la Cláusula Democrática del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica (AdA): “El dictador está decidido a continuar su escalada represiva en Nicaragua”, alertó el eurodiputado José Ramón Bauzá tras conocer que Daniel Ortega hizo caso omiso al llamado a desistir de imponer una norma que le hiciera la semana pasada el Parlamento Europeo.

La aprobación de la Ley esta mañana es un abierto desafío a las advertencias de más sanciones y presión que lanzó Europa y Estados Unidos.El Parlamento Europeo aprobó el 10 de octubre de este año una resolución en la que pidió al Consejo Europeo ampliar sanciones al régimen e incluir en la lista a Daniel Ortega y Rosario Murillo si no desistía de imponer la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, La Ley de Ciberdelitos y la pena de cadena perpetua.

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Ortega no había emitido comentario al respecto, pero este jueves la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional aprobó la Ley, con 70 votos.

La norma conocida como “Ley Putin”, está encaminada a espiar y perseguir financieramente a las organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación independientes, así como toda transacción o donación de cualquier persona natural o jurídica cuyos fondos provengan del exterior. para esto se manda a crear un Registro de Agentes Extranjeros el que estará a cargo del Ministerio de Gobernación, ente ante el cual deberán inscribirse todos los sujetos obligados. 

“El dictador está decidido a continuar su escalada represiva en Nicaragua. Este ataque a la democracia no puede quedar impune. Es hora de cumplir el mandato del Parlamento Europeo: suspensión Acuerdo de Asociación y sanciones inmediatas a Ortega y Murillo“, pidió desde España, a través de un tuit, el eurodiputado José Ramón Bauzá, una de las voces más críticas al régimen de Nicaragua.

La Eurocámara en su resolución, calificaron la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros como un instrumento que otorga un control absoluto y totalitario sobre sobre el conjunto de la sociedad, “mediante el seguimiento de todas sus actividades con especial énfasis en los ámbitos político, laboral y económico”.

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En esta Ley los europarlamentarios encontraron una clara intensión de controlar y criminalizar a las personas o entidades jurídicas que dependen de intereses o financiación del exterior ya que a discreción se podría determinar que dicha financiación tiene como fin interferir en los asuntos internos del país.

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