El asesor económico reclama que Estados Unidos no les ha dado el derecho a la defensa a los funcionarios nicaragüenses sancionados por corrupción y violación a los derechos humanos y que sin ser investigados, en Nicaragua los bancos “corren y cierran las cuentas”.

El Asesor Presidencial para Asuntos Económicos, Bayardo Arce Castaño, reapareció ayer tras un año de ausencia de la vida pública, para revelar el impacto que han tenido las sanciones impuestas por los Estados Unidos a altos funcionarios nicaragüenses de Daniel Ortega.

Durante un evento con empresarios nicaragüenses, Arce Castaño, quien en el 2002 fue sancionado con la suspensión de la visa de ingreso a los Estados Unidos, calificó de unilaterales, arbitrarias e ilegales las sanciones a funcionarios nicaragüenses catalogados como corruptos y violadores de derechos humanos, y dijo que el objetivo de ese tipo de medidas es bloquear préstamos internacionales a Nicaragua.

“Desgraciadamente nuestro mundo está lleno de gente muy confundida. Yo realmente después de tener el ejemplo de Sandino, después de vivir la independencia, a mí me extraña cuánta gente recibe como normal por ejemplo esa política de sanciones”, lamentó el funcionario, en un intento por victimizar a quienes son señalados de graves violaciones y abuso de poder en el país.

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El gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a altos cargos y familiares de Daniel Ortega vinculados a actos de corrupción, violación a los derechos humanos y por dirigir la masacre perpetrada el año pasado y que dejó al menos entre 350 y 500 personas asesinadas.

Entre los sancionados están Roberto Rivas, sancionado en diciembre del 2017, Francisco López, presidente de Albanisa; Francisco Díaz, consuegro de Ortega y jefe de la Policía Nacional; Fidel Moreno, coordinador de la Juventud Sandinista y secretario de la alcaldía de Managua; Néstor Moncada Lau, señalado de ser el testaferro de la familia Ortega Murillo.

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Además, Rosario Murillo, vicepresidente de Nicaragua y esposa de Ortega; Laureano Ortega Murillo, asesor de ProNicaragua; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, y secretario general de Fetsalud, señalado de ordenar la no atención de los heridos; la ministra de Salud Sonia Castro, quien prohibió atender a los heridos en los hospitales y centros de salud públicos; el general en retiro Óscar Mojica, acusado de dirigir a los grupos paramilitares; y Orlando Castillo, director de Telcor, y quien se convirtió en la crisis en el censor del régimen contra los medios de comunicación.

Estados Unidos también sancionó al Banco Corporativo, S.A, (Bancorp), institución financiera, a través de la cual se trianguló la ayuda venezolana y es señalada de realizar lavado de dinero.

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RECLAMA DERECHO A LA DEFENSA

“Se han preguntado alguna vez si esos sancionados fueron investigados, si hay una acusación ¿se le dio derecho a la defensa?, porque es el principio internacional de derecho a la justicia, uno de ellos es que toda persona se considera inocente, mientras no se les haya demostrado culpabilidad, eso pasa por un juicio, pero no allá un funcionario del tesoro (de los Estados Unidos), dice, no fulano es corrupto y violó derechos humanos, sanción…, a nadie le dan el derecho a la defensa y corren los bancos y te cierran las cuentas”, ripostó Arce Castaño.

“Hay mucha gente que incluso estaba apostando hace poco, creo que hasta un canal de televisión el de los Pellas hizo una encuesta de que si la gente quería el Nica Act o no, el Nica Act ya está en vigencia desde hace rato”, aseguró.

El asesor económico de la administración orteguista afirmó que “Estados Unidos nunca ha necesitado una ley como la Nica Act para imponer su voluntad, y así lo ha hecho, no necesitaban seis meses para que se le diera un informe al Congreso de si nos portábamos bien o nos portábamos mal, inmediatamente comenzaron a hablar con los organismos multilaterales a presionarlos, a chantajearlos para que cortaran la cooperación ya comprometida, ya aprobada y no lo han hecho a totalidad, ahí van poco a poco, pero nos llevan con cuenta gotas, haciéndonos más difícil la tarea”.

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Aseguró que debido a las sanciones, la administración de Ortega se vio “obligada” a efectuar una Reforma Tributaria “para hacer una recaudación y cubrir el hueco que nos han creado esos bloqueos, esos bloqueos que muchos malos nicaragüenses andan pidiendo que nos bloqueen más porque no les cuesta nada”.

El asesor económico del gobierno acusó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, de ser injusto con el régimen de Ortega, por hacer una valoración entre los regímenes de Nicaragua y Venezuela.

“Necesitamos recaudar para alguien que ha sido injustamente agresivo con nosotros como el Secretario General de la OEA (Luis Almagro), tenga que decir, como acaba de decir en Colombia, que nuestra diferencia con Venezuela es que aquí se gobierna, que aquí siguen caminando los programas de educación, programas de salud, programas de infraestructura, es decir, hay un país caminando en medio de las dificultades, no estamos nada más lamentándonos de todas las barbaridades que nos han hecho”, concluyó.

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