El gobierno de Estados Unidos proclamó este martes una restricción y suspensión de entrada al país, como inmigrantes y no inmigrantes, a funcionarios del régimen de Daniel Ortega «responsables de políticas o acciones que atenten contra la democracia en Nicaragua».
La lista de personas que tienen prohibido ingresar a territorio estadounidense la encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo y es extensiva para todos sus colaboradores, una medida inédita de la administración de Joe Biden y que toma apenas un día después de emitir sanciones contra el Ministerio Público de Nicaragua y nueve funcionarios orteguistas.
Según la proclama que firmó este martes el presidente Biden, se suspende la entrada a los Estados Unidos a todos los miembros del gabinete del régimen de Ortega-Murillo, incluidos los funcionarios que resultaron electos en las recientes votaciones y su personal.
Biden indicó que los actos “represivos y abusivos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar”.
“La represión del gobierno de Ortega contra líderes de la oposición, líderes de la sociedad civil y periodistas en preparación para las elecciones presidenciales y legislativas nicaragüenses de noviembre de 2021 daña las instituciones y los procesos esenciales para el funcionamiento de una democracia”, expresó Biden.
Para el mandatario estadounidense Ortega por medio de “acciones autoritarias y antidemocráticas”, despojó a los nicaragüenses de elegir a sus autoridades en un proceso justo y libre.
LEA TAMBIÉN: Médico jinotegano muere tres semanas después que su padre, tras contraer Covid-19
EJÉRCITO, POLÍCIA, ALCALDES, VICEALCALDES ENTRE OTROS
Esta medida es extensiva a alcaldes, vicealcaldes, secretarios políticos “que planificaron, ordenaron, asistieron, ayudaron e incitaron, cometieron o participaron de otra manera, incluso a través de la responsabilidad del mando, abusos graves o violaciones de los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos o negar las libertades fundamentales de los nicaragüenses , o quien intentó o conspiró para hacerlo”.
La restricción de ingreso también es efectiva a los miembros del Ejército de Nicaragua, Policía, grupos parapoliciales y paramilitares, del Sistema Penitenciario de Nicaragua, miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, y de todas las instituciones del gobierno, incluyendo empresas “paraestatales, administradores y profesores de educación superior, y funcionarios electos que emprendan acciones, incluidos abusos de derechos humanos, para negar servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua”.
«A la luz de la importancia para Estados Unidos de impulsar procesos e instituciones democráticas en Nicaragua para ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones de democracia, y dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, he determinado que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, de miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclamación quienes formulan , implementar o beneficiarse de políticas o acciones que socaven o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua», dice la nota de Washington.
La administración Biden considera que las autoridades policiales y penitenciarias contribuyen al “clima represivo” que promueve Ortega por medio de arrestos y detenciones por causas políticas.
“Los familiares y los medios de comunicación han informado de que algunos presos han perdido mucho peso durante la detención, no pueden caminar sin ayuda, han estado recluidos en régimen de aislamiento y son sometidos a frecuentes y extensos interrogatorios. El abuso físico y psicológico de los presos políticos a manos de la policía y las autoridades penitenciarias es intolerable y no puede tolerar”, señala la proclama.
Señala Biden ejemplificó que algunos alcaldes y alcaldías leales a Ortega han organizado y canalizado fondos estatales para el funcionamiento de grupos parapoliciales involucrados en la represión contra las manifestaciones ciudadanas.
“Estos funcionarios municipales ejercen un enorme poder político y una autoridad presupuestaria discrecional, que les confieren los niveles más altos del gobierno de Ortega. El clima de miedo establecido y perpetuado por estos funcionarios municipales ha disminuido la posibilidad de elecciones libres y justas y ha socavado la democracia en Nicaragua”, expone.
LEA TAMBIÉN: Diputados piden a Ortega iniciar proceso para sacar a Nicaragua de la OEA
LOS ORTEGUISTAS NO GRATOS EN ESTADOS UNIDOS
a. Miembros del Gobierno de Nicaragua, incluidos funcionarios electos y su personal.
b. Alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos que planificaron, ordenaron, asistieron, ayudaron e incitaron, cometieron o participaron de otra manera, incluso a través de la responsabilidad del mando, abusos graves o violaciones de los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos o negar las libertades fundamentales de los nicaragüenses o quien intentó o conspiró para hacerlo.
c. Funcionarios de los servicios de seguridad de Nicaragua, incluyendo el Ejército de Nicaragua, Policía, Dirección de Operaciones Especiales de Policía, grupos parapoliciales y grupos paramilitares.
d. Funcionarios de la administración penitenciaria de Nicaragua.
e. Altos miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Gobernación de Nicaragua.
f. Miembros de ministerios del gobierno de Nicaragua, agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores y profesores de educación superior, y funcionarios electos que emprendan acciones, incluidos abusos de derechos humanos, para negar servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua.
g. Personas no gubernamentales que actúan como agentes o actúan a instancias de las descritas en las subsecciones (a) – (f) de esta sección para facilitar u obtener beneficios financieros de políticas o acciones, incluido el fraude electoral, abusos de los derechos humanos , o corrupción, que socaven o lesionen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua.
h. Los cónyuges, hijos e hijas de las personas descritas en los incisos (a) – (g) de esta sección.
LEA TAMBIÉN: Ortega dirige un gobierno con la mayoría de sus funcionarios sancionados
NO SE APLICA A:
a. Cualquier residente permanente legal de los Estados Unidos.
b. Cualquier individuo a quien los Estados Unidos le hayan otorgado asilo, cualquier refugiado que ya haya sido admitido en los Estados Unidos, o cualquier individuo a quien se le haya concedido la suspensión de expulsión o protección bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes o Castigo, y nada en esta proclamación se interpretará como que afecta la elegibilidad de cualquier individuo para asilo, estatus de refugiado, suspensión de remoción o protección bajo la Convención Contra la Tortura, de acuerdo con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos.
c. Cualquier persona cubierta por la sección 1 de esta proclamación, una vez que el Secretario de Estado determine que la persona ha cesado las acciones que socavan las instituciones democráticas y ha tomado medidas concretas para ayudar a restaurar la democracia en Nicaragua.
d. Cualquier persona cubierta por la sección 1 de esta proclamación, una vez que el Secretario de Estado determine que la entrada de la persona no sería contraria a los intereses de los Estados Unidos, incluso cuando el Secretario de Estado así lo determine, con base en una recomendación. del Fiscal General, que la entrada de la persona promovería importantes objetivos de aplicación de la ley de los Estados Unidos. En el ejercicio de esta responsabilidad, el Secretario de Estado consultará al Secretario de Seguridad Nacional sobre asuntos relacionados con la admisibilidad o inadmisibilidad dentro de la autoridad del Secretario de Seguridad Nacional.
