Crear una nueva oficina como parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para investigar la corrupción en Centroamérica es uno de los objetivos que el presidente electo Joe Biden tiene para la región.  

Así lo refleja su estrategia denominada “Plan de Biden para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica”, publicada en su sitio web.  

Biden además sostiene que aumentará la presencia de los agregados de los Departamentos de Justicia y Tesoro de los Estados Unidos en las embajadas de Centroamérica “con el fin de combatir mejor el crimen organizado y la actividad ilícita”. 

La OFAC ha sido la oficina encargada de emitir sanciones contra el régimen de Daniel Ortega tras la represión desatada en abril de 2018. Hasta ahora 24 funcionarios, entidades y empresas del régimen han sido objeto de sanciones de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. 

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Según el presidente electo, Centroamérica nunca podrá movilizar la inversión privada en la escala necesaria o brindar los servicios que su gente necesita sin lidiar también con la corrupción.  

“La corrupción impide que las naciones gobiernen de manera efectiva, desvía los recursos necesarios para inversiones críticas en áreas como infraestructura y educación, aleja la inversión externa, crea una crisis de legitimidad en las democracias frágiles y deja a los países vulnerables al crimen organizado”, destaca el plan.  

El plan de Biden hace especial hincapié en el Triángulo Norte de Centroamérica donde sostiene que la corrupción “es un cáncer que está carcomiendo a los países del Triángulo Norte y les impide progresar significativamente en cualquiera de sus otros desafíos clave”.  

La oficina de la OFAC que prevé abrir para Centroamérica tendrá las facultades de revocar las visas a los Estados Unidos y congelar los activos de personas corruptas de El Salvador, Guatemala y Honduras. 

TRABAJO COORDINADO CON LA OEA 

El plan de Biden para la región también incluye el apoyo a mecanismos anticorrupción existentes mientras se trabaja con aliados para crear una comisión regional, “con el fin de combatir la corrupción, construir instituciones nacionales más sólidas y ayudar a los fiscales locales a perseguir la corrupción”.  

“Para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo, Biden también contará con el apoyo de organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ya tienen en marcha esfuerzos contra la corrupción”, detalla la propuesta. 

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Para Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el fortalecimiento del sistema de justicia regional debe ir acompañado de esfuerzos internacionales en contra de la impunidad y de la corrupción. 

Según la experta, quien participó en un panel virtual de la Universidad Internacional de la Florida, se necesita voluntad política y “que las políticas y los mensajes desde la comunidad internacional sean coherentes” ya que, para ella, últimamente en El Salvador, Honduras y Guatemala “no hay un mensaje único (…) por parte de las agencias y funcionarios que ofrecen colaboración técnica o dan seguimiento a políticas”. 

Joe Biden también ofrece desarrollar una estrategia regional integral de cuatro años y destinar 4 mil millones de dólares para abordar los factores que impulsan la migración desde Centroamérica.  

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