El Gobierno Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula Da Silva, se refirió este martes por primera vez a la crisis de Nicaragua tras la excarcelación, destierro y retiro de la nacionalidad a 222 presos políticos y otros 94 ciudadanos en el mes de febrero, pero evitó condenar al régimen de Daniel Ortega y ofreció un diálogo.
En una declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que este martes continuó abordando la crisis de Nicaragua, Brasil expresó su preocupación por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La estrategia del gobierno del gigante sudamericano sería agotar las posibilidades de diálogo con Managua, antes de aumentar la presión.
“Brasil está listo para explorar formas de abordar constructivamente esta situación, en diálogo con el gobierno de Nicaragua y todos los actores relevantes”, anunció el embajador de Brasil en la ONU, Tovar Nunes.
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OFRECE ACOGER A LOS DESTERRADOS
En el mes de febrero, la dictadura retiró la nacionalidad a 317 nicaragüenses —incluidos 222 presos políticos enviados a Estados Unidos— al amparo de una reforma exprés a la Constitución Política a pesar de que su aplicación requiere de la aprobación en dos legislaturas.
Todos fueron declarados “traidores a la patria” por el Tribunal de Apelaciones de Managua y se ordenó la confiscación de bienes. Entre los desnacionalizados se encuentran los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez.
Brasil anunció que, en cumplimiento con la protección de las personas apátridas, “se pone a disposición para acoger a las personas afectadas por esta decisión, en los términos del estatus especial previsto en la Ley de Migración”.
“El gobierno brasileño sigue con suma atención los acontecimientos en Nicaragua y está preocupado por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos y restricciones al espacio democrático en ese país, en particular ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y torturas contra disidentes políticos”, dijo la delegación. Brasileño. Pero el tono del gobierno fue buscar el diálogo.
España, Chile, Colombia, Panamá, México y Ecuador han ofrecido su nacionalidad a los nicaragüenses declarados apátridas por la dictadura.
