Entre las primeras “urgencias” que atendió Brenda Rocha apenas se estrenó en el cargo de magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), aparece la compra de una camioneta “toyotona” valorada en más de 2.6 millones de córdobas. La adquisición se realizó mediante la figura de contratación simplificada al único proveedor de vehículos que presentó oferta a un concurso “público” que, según consta en el expediente, estuvo vigente apenas 24 horas.

A las 2 de la tarde del pasado 11 de junio, Brenda Rocha estampó su firma en el acta de adjudicación de compra del lujoso vehículo: una camioneta Land Cruiser Prado automática del año 2022, conocida popularmente como “toyotona”.

Como requerimiento indispensable se estableció disponibilidad inmediata, indica resolución de Adjudicación de Contratación Simplificada No. 11-2021, disponible en el Sistema de Compras y Adquisiciones del Estado (SISCAE).

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¿UN LUJO ES NECESIDAD EN UN PAÍS EN CRISIS?

A dos meses de la compra, la autoridad electoral no justifica su decisión de realizar un gasto semejante cuando el país carga con las consecuencias adversas de una economía mermada tanto por la crisis sociopolítica que genera incertidumbre y ahuyenta la inversión desde 2018, y que se ha agravado a causa de la pandemia del coronavirus.

Tres años de una contracción económica promedio de -3,03% anual, una disminución del 63,8 en inversión extranjera directa (IED),  más de 150,000 empleos destruidos, el retiro de cooperación externa y un turismo casi paralizado, deberían imponer una política de austeridad en el sector público, opina un analista de contrataciones públicas.

“AI revisar y evaluar la oferta se pudo constatar que este proveedor se adecúa a los requerimientos y especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), cumple con el tiempo requerido por la urgente necesidad de la adquisición; y el precio ofertado se ajusta al monto disponible”, dice la recomendación que hizo el Comité de Evaluación del proceso a la magistrada Rocha.

PROVEEDOR A MEDIDA Y ACOMODO DE PROCESO SIMPLIFICADO

La resolución de compra del bien favorece a la empresa Autonica S.A. que ofreció proveer al árbitro electoral la camioneta requerida por un monto total de C$ 2,617,380, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), equivalentes a 74,547.99 dólares, según el cambio oficial correspondiente al día de la resolución.

La misma se hace en el contexto del proceso electoral y se “acomoda” mediante la figura de contratación simplificada, cuando es un bien de lujo cuya necesidad indispensables no se plasma, cuestiona un experto en contrataciones públicas bajo reservas de su identidad ante el riesgo de cárcel al que se exponen quienes brinden opiniones críticas al régimen Ortega-Murillo.

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“¿Cómo puede ser necesidad destinar más de 2 millones de córdobas en adquirir un vehículo de lujo? Es un derroche, un exceso y un gasto que hasta resulta ofensivo cuando sabemos que el país padece desempleo, profundización de a pobreza, precarización de los salarios, incertidumbre, sin contar con las apremiantes necesidades en atención de salud”, cuestiona.

Según la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, Ley 737, y la ley 801, Ley de Contrataciones Municipales, la contratación simplificada se clasifica como un recurso reservado para contratar bienes o servicios ante una situación de emergencia. El artículo 28 de la Ley 801 establece que solo se puede realizar este tipo de contratos cuando se trate de una situación de emergencia o calamidad pública.

24 HORAS PARA CONCURSAR POR VENTA DE TOYOTONA

Por otro lado, el analista llama la atención sobre el proceso exprés que siguió la magistrada Brenda Rocha para comprar su “toyotona”. Aunque por el requerimiento tan específico de la compra otros proveedores de vehículo no calificarían, “es inusual” que un concurso público se desarrolle en tan solo 24 horas, ya que la convocatoria se realizó el 8 de junio y el día 9 de junio se estableció como fecha tome para presentar ofertas.

Esto contraviene la obligación de publicidad, transparencia y competencia que se debe seguir en los procesos de compras del sector público, lo cual, entre otras cosas, garantiza que el bien solicitado se adquiera al precio más conveniente.

La fuente remarca que si bien el proceso electoral en marcha demanda inversión de recursos públicos, los lujos no deberían ser “camuflados” entre esas necesidades, “menos en tiempos de crisis”.

ELECCIONES DE BAJO PRESUPUESTO

El régimen de Daniel Ortega incluyó en el Presupuesto General de la República una partida de 773,4 millones de córdobas para las elecciones generales de noviembre, las cuales se desarrollan bajo cuestionamientos de falta de transparencia y legitimidad, dado que las autoridades del órgano electoral desde su selección el pasado 4 de mayo, han actuado a conveniencia del orteguismo para liquidar a la oposición.

El monto solicitado por el Ministerio de Hacienda para los comicios del 7 de noviembre presenta un déficit del 16.9% en comparación con el monto aprobado para las elecciones generales del 2016, cuando la Asamblea Nacional aprobó 931,4 millones de córdobas.

Para solventar, Daniel Ortega ordenó a Hacienda que en el proyecto de Presupuesto General de la República para el año 2022, incorpore en la partida del Consejo Supremo Electoral la suma de 806,712,134 en gasto corriente, la cual corresponde al reembolso de los gastos a los partidos políticos o alianzas partidos que hayan participado generales del año 2021.

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