El 8 de julio es recordado en Carazo como el día más sangriento de su historia. Unos dos mil hombres armados llegaron en la madrugada de ese domingo para ejecutar la llamada Operación Limpieza, ordenada por el dictador Daniel Ortega y, su mujer, Rosario Murillo. La orden era desmantelar los tranques que había instalado la población en las calles como parte de las protestas populares que estallaron en abril de ese año.
Ese día, la Policía Orteguista y paramilitares armados, nombrados más tarde por Ortega como policía voluntarios, tenían la orden de disparar a matar y la tarea fue cumplida. El saldo fue de 22 personas asesinadas.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en un informe que realizó sobre esa masacre, la consideró como uno de los más “graves ataques y una de las mayores masacres de la historia de Carazo”.
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El organismo de derechos humanos señaló en su momento que pudo verificar la “brutalidad del ataque de policías y parapolicías, quienes ingresaron a los municipios de Diriamba, Dolores y Jinotepe, actuando como fuerza de ocupación”.
“Por ellos y todas las víctimas, seguiremos luchando”, dijo este sábado el desterrado y exreo político Juan Sebastián Chamorro al recordar la masacre.
EL DÍA MÁS OSCURO PARA CARAZO
Por su parte la Félix Maradiaga, directivo de la Fundación Libertad, señaló que este sábado es el día de la “indignidad nacional” y que no se puede permitir que prevalezca la impunidad del crimen de los jóvenes y demandó justicia.
Indicó que este día es el más “oscuro en el que las fuerzas policiales, paramilitares y miembros del Ejército del dictador Daniel Ortega llevaron a cabo un ataque brutal contra la ciudadanía”.
“El pueblo nicaragüense ha resistido en silencio, negándose a someterse a la bota dictatorial que mandó a asesinar a sus hijos. Hoy, desde distintos países y rincones de Nicaragua, seguimos demandando que los responsables de estos crímenes de lesa humanidad sean llevados ante la justicia para que paguen por sus crímenes”, denunció el expreso político.
Indicó que producto de la represión estatal Nicaragua se ha convertido en una inmensa cárcel con la complicidad del Ejército de Nicaragua y de la Policía.
“Los obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos que han sido encarcelados y expulsados del país por ayudar a los más necesitados, los opositores convertidos en apátridas y las organizaciones de la sociedad civil y universidades desaparecidas también merecen justicia”, indicó Maradiaga.
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD NO PRESCRIBEN
Maradiaga hizo un llamado a la comunidad internacional para que escuche el llamado de justicia que pide la población, en el marco de los “sistemas jurídicos que aceptan el principio de universalidad, dado que en este momento en Nicaragua todo el sistema de justicia está controlado por el régimen sandinista”.
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“Sostenemos que estas graves violaciones a los derechos humanos no admiten prescripción en el tiempo. Los crímenes de lesa humanidad tampoco admiten amnistías de ningún tipo”, explicó.
En abril de este año, un grupo de expertos de la ONU que analizaron las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua concluyó que la dictadura en Nicaragua sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad y pidieron a la comunidad internacional iniciar acciones legales para sancionar a los responsables.
