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    El doble rasero de la dictadura con su nueva cartilla de “cuido amoroso” a los adultos mayores  

    En el país hay casi 400 mil adultos mayores que no reciben ningún beneficio del seguro social y los pensionados han visto reducidos sus ingresos desde 2019. “La cartilla no se come”, dicen.

    economía adultos
    Oscar Navarrete / DESPACHO 505 ©.

    El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prepara el lanzamiento de una quinta cartilla está vez para el “atención y cuido amoroso” de los adultos mayores, como parte de un plan para este sector vulnerable de la población.

    El anuncio se da en un país en el que casi 400 mil adultos mayores no reciben ningún beneficio de la seguridad social, no tienen acceso a servicios especializados de salud, principalmente en el campo, y no tienen ni para comer.

    La vocera gubernamental Rosario Murillo informó esta semana que el Ministerio de Salud (Minsa) es el encargado de elaborar un plan.

    “Tenemos el programa para nuestros adultos que son sabiduría y experiencia, que son patrimonio de nuestro país; un programa especial que está en diseño, que vamos a dar a conocer y lanzar en los próximos días”, declaró la funcionaria.

    El único dato que adelantó es que el plan tendrá su réplica en términos de cartillas, para el «cuido amoroso», de los adultos mayores.

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    El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más criticó este plan porque considera que es el mismo sector al que mandó a reprimir en el 2018, cuando anunció reformas a la Seguridad Social. 

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    “Murillo pretende construir un país de papel, porque no resiste el examen de la
    realidad marcada por profundas violaciones a los derechos humanos de los
    adultos mayores, violaciones a sus derechos civiles y políticos, pero sobre
    todo a sus derechos económicos y sociales”, expresó Juan Carlos Arce, miembro
    del Colectivo.

    ADULTOS MAYORES, UN SECTOR VULNERABLE EN ABANDONO

    En febrero de 2019, la dictadura impuso una reforma a la Seguridad Social que redujo hasta un 30% los montos de las nuevas pensiones, que además desde ese año se entregan sin mantenimiento de valor por el deslizamiento del córdoba respecto al dólar, que hasta entonces se ajustaba en un 5%.  

    Es decir, el poco dinero que reciben cada vez rinde menos. «Una cartilla no se come, lo que necesitamos son más prestaciones porque ya no podemos ni comer», se queja un jubilado de la capital al conocer la nueva medida de la dictadura.

    En Nicaragua hay unas 177.000 personas mayores de 60 años que reciben una pensión promedio de 6.000 córdobas mensuales. Otros reciben una pensión reducida de entre 1,910.00 a 3,656.00 córdobas.  

    El informe 2020 del Banco Central revela que en Nicaragua hay unos 570.864 adultos mayores de 60 años de edad. Los datos oficiales indican que habría unos 393.864 ancianos que no cuentan ni siquiera con ese beneficio. 

    LAS OTRAS CARTILLAS

    El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo también ha implementado el uso
    de cartillas para “frenar” los femicidios, las cuales según defensoras de los
    derechos de las mujeres han sido ineficaces.

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    El 2022 cerró con 68 femicidios, según datos del organismo Católicas por el Derecho a Decidir.

    El incremento de los accidentes de tránsito también fue la excusa para lanzar una denominada cartilla de educación vial, pero también hay otra dedicada a las «familias, esperanza, seguridad y paz». La última fue dedicada a los «adolescentes y jóvenes valientes en tiempos de esperanza y paz».

    Todas estas cartillas son promocionada en centros de compras, paradas de buses, pero no se brindan datos sobre el impacto y los resultados.

    El discurso de Rosario Murillo es “cínico” y está dirigido a la comunidad internacional, opina el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+.

    En el interior del país la población “vive en carne propia otra realidad”. El precio de la canasta básica ronda los 19 mil córdobas.

    “La carestía de la vida afectan a los grupos más vulnerables de la población entre ellos los adultos mayores, sin que el gobierno haga nada para mitigar el impacto de las alzas de precios en los alimentos de primera necesidad”, señala el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce.

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