Caruna y el negocio de las Casas para el pueblo

Caruna ha cobrado U$5.7 millones en concepto de intereses a los beneficiarios de la primera fase del proyecto Casas para el pueblo. Las casas donadas a Nicaragua por Venezuela fueron valoradas por Daniel Ortega en U$8,500 y terminarán costando U$26,880. Todo el dinero está en las arcas de Caruna sin que rinda cuentas .

 

URIEL VELÁSQUEZ Y DIEGO SILVA 

29/01/2020 

MANAGUA — Maritza Gutiérrez es una maestra jubilado que el 27 de octubre del 2008 recibió de manos de Daniel Ortega un documento que la acreditaba como beneficiaria de una vivienda en el programa Casas para el Pueblo en el sector del barrió Bóer, en la vieja Managua.

Otras 599 personas recibieron un título firmado por Ortega, en el que indicaba que gozaban del derecho de posesión de una casa de programa habitacional ejecutado con fondos de la cooperación venezolana.

Ese 27 de octubre, Ortega reveló que el valor promedio de cada casa era  U$8,500, sin incluir el terreno que sería donado por el Estado a los 600 beneficiarios.

Han han transcurrido 11 años. Maritza, ahora jubilada y de 63 años, ha pagado U$10,560 por la casa que ocupa.

Ernesto Zamora, un exfuncionario público que lleva más de 8 años desempleado, ocupa una casa del mismo programa ubicada en el sector del reparto San Antonio, en el Distrito Dos de Managua, y comparte con Maritza la incertidumbre de estar pagando un bien sobre el que no tienen ninguna seguridad, y por el que no pueden reclamar, ni cuestionar.

Once años después los primeros 600 moradores del primer programa de viviendas del orteguismo no cuentan con escrituras públicas que avalen sus inversiones, solo disponen de los recibos de pago mensual que les entregan en las instituciones públicas para las que trabajan.

Ernesto asegura que verebalmente les han informado que las escrituras públicas las recibirán hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) formalice la donación de los terrenos donde se construyeron las 600 viviendas de este programa.

"Maritza y Ernesto pagan cada mes 80 dólares a Caruna, la cooperativa manejada por Ortega para administrar los fondos de la cooperación venezolana."

Millonario negocio

El proyecto Casas para el Pueblo fue ejecutado por la empresa Tecnología y Sistemas S.A (Tecnosa) y forma parte del esquema de corrupción del gobierno de Daniel Ortega.

Tecnosa es propiedad de Milagros y Yolanda López Centeno, hermanas del poderoso pero sancionado tesorero del Frente Sandinista Francisco “Chico” López Centeno. Desde el año 2007 la compañía ha sido señalada de recibir contratos estatales y de ser parte del esquema de corrupción creado para desviar fondos de la cooperación venezolana.

Investigaciones del diario La Prensa, basadas en informes de la Contraloría General de la República, revelaron que Tecnosa recibió 2 millones 562 mil 906 en préstamos del estatal Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para la construcción del primeras 600 viviendas del proyecto Casas para el Pueblo

Al final, las unidades de 48 metros cuadrados que Ortega públicamente dijo que costaban U$8,500, fueron vendidas por Tecnosa en U$15,500, pagaderos en cuotas fijas de U$80 mensuales a un plazo de 28 años.

Durante los primeros seis meses, Tecnosa cobró las cuotas, pero a partir de junio del 2009 entró en el juego la cooperativa sandinista Caja Rural Nacional (Caruna), asumiendo toda la cartera.

En total, los propietarios de estas viviendas tendrán que pagar U$26,880 dólares, U$18,380 más de su precio real, pese a tratarse de un proyecto habitacional donado por Venezuela.

El gobierno de Venezuela entregó a la administración de Ortega U$3.5 millones con el propósito de garantizar a maestros y trabajadores de la salud una vivienda digna, cuyo valor no deberia superar el costo real de construcción.

Sin embargo, personeros del Frente Sandinistas vieron la oportunidad de sacar réditos de sus mismos simpatizantes.

Once años Caruna ha cobrado las casas construidas con el fondo donado por Venezuela sin rendir cuentas, ni dar garantías sobre el bien.

Este lucrativo negocio dejará en las arcas de la cooperativa ligada al Frente Sandinista U$14,5 millones proveniente de los tres modelos de viviendas construidas en la vieja Managua. De estos, U$11.28 millones provienen de las casas con estructuras de mampostería; U$1,88 millones de las casa de losetas y U$1,3 millones de las casa de PVC. En total, Tecnosa construyó 420 viviendas con mampostería, 80 casas de losetas y 100 casas de PVC donadas y enviadas desde Venezuela en el 2008

"Lejos de ayudar a palear el déficit habitaciones del país, el Gobierno ha exprimido el bolsillo de los beneficiarios del programa."
 

Convenios amañados

Maritza recuerda que en junio del 2009, y por medio de los sindicalistas Gustavo Porras de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) y José Antonio Zepeda, Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden-FNT), les informaron en una asamblea con los 600 beneficiarios en el auditorio de Fetsalud, los costos de cada modelo de vivienda: U$15,500, U$14,500 y U$8,500, y las cuotas mensuales de U$80, U$70 y U$40.

Desde ese junio, todos los meses Maritza recibe el comprobante de pago que emite Caruna, a través de la oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, desde donde le retienen su cuota, a pesar de estar jubilada.

Igual ocurre en el caso de Ernesto Zamora, que al estar desempleado debitan la cuota del sueldo de su esposa, quien trabaja en el Ministerio de Salud. A ella le informaron que el Minsa había suscrito un convenio de colaboración con Caruna para garantizar el pago de las cuotas, pero asegura que nunca les compartieron el contenido de dicho convenio. De esta forma, el Minsa garantiza a Caruna los U$80 dólares de la cuota de cada uno de los 190 trabajadores de la salud que recibieron una vivienda. 

El dinero retenido a los trabajadores de la salud se canaliza por medio del Ministerio de Hacienda, y mes a mes, Caruna retira un cheque fiscal por el monto de U$15,200. El mismo procedimiento aplica el Ministerio de Educación con 150 maestros.

A pesar de la existencia de los supuestos convenios entre Caruna y las instituciones públicas, ni Maritza ni Ernesto han recibido una escritura pública, ni copia del contrato hipotecario por el bien inmueble que está pagando. Ambas afirman que nunca firmaron una solicitud de préstamo ni contrato de arriendo con la cooperativa de ahorro.

“Hay gente que dice que tiene fotocopias de títulos, algunos dicen que hasta escrituras, pero nosotros no tenemos nada de eso. Seguimos pagando y la deuda nunca baja”, expone Ernesto.

Ortega prometió en el 2008 que nadie sería objeto de desalojo por deuda y que los pagos se adecuarían a la condición de cada beneficiario, pero al no contar con un documento público, a Ernesto y Maritza les preocupa la inseguridad jurídica, porque consideran que más que una ayuda social, el programa habitacional resultó un negocio particular que los está afectando a todos ellos.

"Los propietarios de las casas se encuentran en un limbo jurídico porque aún no no gozan de una escritura pública que los certifique como propietarios."

Demagocia electoral

Las proyecciones de Daniel Ortega en el 2008 eran construir 18,457 viviendas con fondos venezolanos, pero cofinanciadas con fondos públicos por medio de subsidios del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) y el Instituto de Seguridad Social (Inss).

Con esto Ortega pretendía sacar del negocio de las viviendas de interés social a las urbanizadoras, a quienes acusó, durante el acto de entrega de los títulos de propiedad, de cobrar “a las familias beneficiadas, el doble y el triple del valor de esa vivienda; (porque) se ha convertido en un negocio, y no ha sido realmente, una vivienda de contenido social y solidario”.

Además, informó que para el 2009 su Gobierno entregaría en concepto de subsidios C$45.17 millones del Presupuesto General de la República, para financiar conjuntamente con Caruna microcréditos para mejoras de 3,585 viviendas, créditos que nunca volvieron a las arcas estatales, porque esos  préstamos también continúan siendo cobrados por Caruna. 

Ortega, además prometió U$114,7 millones de Alba Caruna para la construcción de las 18,457 casas.

El director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Félix Maradiaga considera que el gobierno de Ortega no solo se ha aprovechado de las donaciones venezolanas para su partido, sino que se ha beneficiado de otras ayudas como la de los buses donados por Rusia, que terminaron siendo vendidos, a través de Caruna, a sus actuales propietarios.

“Sin duda el sistema de viviendas del gobierno como misma fuente de ingreso obedece a un patrón, eso lo hemos visto en varias fuentes y bienes, vimos como la donación de buses rusos  fueron luego canalizados para su venta, hemos visto cómo viviendas que eran supuestas a ser donadas fueron vendidas”, explica.

Pero lo que más preocupa, según Maradiaga, es la forma como el régimen de Daniel Ortega ha manejado los fondos provenientes de la cooperación venezolana, que a pesar de estar dirigida a gasto social la registró como donación al sector privado.

“Hemos visto como parte de la cooperación venezolana que está supuesta a gasto social fue luego registrada en el Banco Central de Nicaragua como donación al sector privado”, reitera.

En plena crisis sociopolítica, Caruna aparece como el prestamista del programa habitacional Bismarck Martínez que el orteguismo presenta como parte de los beneficios a los más pobres.

El excontralor Agustín Jarquín Anaya, advierte que la selección de Caruna para prestar dinero responde a una estrategia política ejecutada por Daniel Ortega para ganar simpatizantes en medio de la crisis y en aras de perpetuarse en el poder.

Los argumentos de Jarquín Anaya se sustentan en el control político que ejercer Ortega sobre esta cooperativa de ahorro, que ha sido utilizada por el régimen para triangular fondos provenientes de la cooperación venezolana.

Además señala que una ventaja de esta entidad financiera, es que a pesar de manejar los recursos del sancionado Bancorp y de la cooperación venezolana, se ha salvado de las sanciones del gobierno de Estados Unidos, y a nivel interno se vende como un prestatario con intereses bajos. 

En agosto del año pasado una vez más Caruna entró al negocio de las urbanizaciones financiando un proyecto gubernamental, sin que se explique los mecanismos ni controles de este financiamiento. Lo único que se conoció fue que prestó U$5 millones de dólares a la alcaldía de Managua para la compra de terreno donde se construirá el nuevo proyecto habitacional Bismarck Martínez, y que será pagados en tres años y con una tasa de interés del 9%.

"Caruna ha sido la insitución para manejar las donaciones que recibe Nicaragua. Lo mismo ocurrió con los buses y taxis donados por Rusia."

Melvin Vargas colaboró con las fotografías de este reportaje.