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CIDH convoca a audiencia sobre los nicaragüenses declarados apátridas por la dictadura

La CIDH celebrará el 10 de marzo la audiencia «Privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua»

CIDH nacionalidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará en una audiencia estraordinaria el despojo «arbitrario» de la nacionalidad y las violaciones a los derechos humanos quue comete la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Desde el pasado 10 de febrero, la dictadura que controla todo el tejido institucional implementa la desnacionalización como mecanismo de represión política. La medida que sustenta mediante sentencia judicial, hasta la fecha ha sido aplicada a 317 ciudadanos declarados culpables de delitos considirados como «traición a la patria», entre ellos el obispo Rolando Álvarez.

LEA: La ONU pide liberar a los presos políticos y denuncia la falta de información sobre el estado de monseñor Álvarez

El jerarca católico es el único de todos los «sentenciados» que se encuentra en prisión, los otros son los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero, y un grupo de 94 ciudadanos -la mayoría en el exilio- que han destacado en el escena pública por su postura crítica frente a las violaciones de derechos humanos.

La pérdida de nacionalidad fue establecida como pena mediante una reforma exprés a la Constitución Política que ejecutó el Parlamento mientras el grupo de 222 desterrados políticos volaba rumbo a Washington. La reforma ni siquiera debería ser aplicada, pues un cambio constitucional requiere la aprobación en dos legislaturas, sin mencionar que riñe con los derechos universales.

DOCUMENTARÁN CASOS CON ORGANISMOS Y VÍCTIMAS

Dada la gravedad de estos hechos, la CIDH citará el próximo 10 de marzo en Los Ángeles, California, a representantes de organizaciones de la sociedad civil y de víctimas de violaciones a derechos humanos para documentar las medidas de la dictadura referentes a la privación arbitraria de nacionalidad y otras violaciones a los derechos humanos.

El organismo avisa que recibirá solicitudes de las organizaciones y víctimas que deseen participar en la audiencia hasta este 3 de marzo de 2023.

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El anuncio de la audiencia de la CIDH coincide con la presentación del informe del grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, que concluye que Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo; así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales han perpetrado violaciones graves que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Los expertos de la ONU detallan un espectro muy amplio de abusos: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, así como un nivel tal de censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.

UNA CRISIS QUE PUEDE EMPEORAR

Lo que es más grave, dijo Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos en Derechos Humanos, es que la situación en Nicaragua corre riesgo de empeorar y adviritió de «una crisis humanitaria».

«El objetivo (de la dictadura) es eliminar por diferente cualquier voz opuesta o disidente en el país», afirmó Simon. «Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad ha sido convertido en un arma de persecución contra la población», sostuvo.

Al historial de crímenes se añade la privación del derecho a la nacionalidad y de permanecer en el propio país. «Técnicamente se ha creado una figura que creíamos desaparecida y que es el destierro. Pero además las víctimas han perdido cualquier posibilidad de recibir las pensiones a las que tenían derecho porque han desaparecido del sistema estatal de Nicaragua, con lo que les quita la posibilidad de subsistir», dijo por parte la experta del grupo Ángela Buitrago.

«El informe presentado por el grupo de expertos confirma las sistemáticas violaciones perpetradas por el Estado de Nicaragua, confirma también como se desmanteló y se usaron las instituciones del Estado para perseguir, para torturar, para cometer violaciones de derechos humanos, que en el marco del derecho internacional son crímenes de lesa humanidad», comentó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

«Es un informe que conmueve, que preocupa y que debe de llamar a la comunidad internacional a la acción», valoró.

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