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    CIDH aumenta a 355 el número de muertes por la represión en Nicaragua desde 2018

    El organismo insiste al Estado de Nicaragua en la necesidad de investigar todos los actos de violencia que se dieron en el contexto de las protestas de abril del 2018.

    La familia Ortega-Murillo carga en sus hombros la muerte de más de 300 opositores que creyeron en la lucha cívica para retornar al país a la democracia. Él respondió con paramilitares.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elevó a 355 las víctimas fatales de la represión en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos que inició en abril del 2018 por unas fallidas reformas a la Seguridad Social.

    «Entre el 18 de abril y 31 de julio de 2019, el número de víctimas fatales, ascendería a 355 personas», señala la CIDH y agrega que esta actualización incluyó a 27 nuevas víctimas ya que la cifra anterior era de 328 casos.

    Para la actualización del registro, la CIDH analizó varias fuentes entre ellas información información parcial aportada por el Estado de Nicaragua; datos y testimonios recabados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua); “cifras y análisis de organismos internacionales; así como los informes publicados por la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua”.

    Para la actualización del registro de víctimas, el organismo cuenta con unos 1,786 testimonios que tiene recabado el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) desde la visita que realizó a Nicaragua en el 2018 hasta la fecha a través del trabajo colaborativo que mantiene con diversos organismos de derechos humanos.

    La CIDH llamó al Estado de Nicaragua a adoptar las medidas para superar la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad en el país, por medio «del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas».

    «La Comisión Interamericana recuerda al Estado de Nicaragua su obligación de investigar todos los actos de violencia cometidos en el contexto de la crisis de manera imparcial y con la debida diligencia, con objeto de poner fin a la impunidad», señala el organismo.

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    El régimen de Daniel Ortega expulsó a mediados de diciembre del 2018, al Meseni y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua); horas antes que ambos organismos presentarán su informe sobre las investigaciones de los asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas sociales.

    ESTADO DEBE PUBLICAR INFORMACIÓN PRECISA

    De las 355 víctimas que señala la CIDH, 15 serían mujeres, 340 hombres. También reportan que 27 eran niñas, niños y adolescentes. «Asimismo, la información al alcance de la CIDH indica que 23 agentes de la Policía perdieron la vida en este contexto».

    La CIDH expone que ante la ausencia de información oficial el Estado de Nicaragua tiene el deber «indelegable» de mantener y publicar «información precisa y fidedigna sobre las víctimas de las violaciones a los derechos humanos».

    Además, reitero su disposición para «cotejar» la información obtenida, así como colaborar y prestar «la asistencia técnica necesaria que contribuyan a restablecer la plena vigencia de los derechos humanos en el país, en el marco de su mandato; inclusive mediante la presencia del Meseni en el terreno».

    La estatal Comisión de la Verdad, Justicia y Paz en el informe con datos del 18 de abril al 15 de julio del 2019, solo reconoce a un total de 248 fallecidos.

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