La CIDH ha identificado persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias e ilegales, violaciones a los derechos de los presos políticos y una escalada represiva contra el periodismo crítico y opositores.

Desde abril, cuando la policía, paramilitares y turbas atacaron con fuerza letal a civiles alzados en contra del gobierno de Daniel Ortega, las formas de represión no han cesado en Nicaragua, pese a que el derecho a la protesta ha sido suprimido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias e ilegales, violaciones a los derechos de los presos políticos y una escalada represiva contra el periodismo crítico y opositores.

Como ejemplo, expone los casos de Wilfredo Brenes Domínguez, Karla y Fernando Escobar Maldonado y Ramón Javier Cerrato, quienes el 2 de enero fueron apresados en el barrio Fox de la ciudad de Masaya.  Al día siguiente ocurrió el arresto de Keneth Martínez, en el indígena barrio Monimbó. “Para estas detenciones la Policía habría desplegado unos treinta efectivos antimotines acompañados de perros”.

La CIDH añade el caso de Jorge García y Salvador Orozco detenidos en 11 de enero en el poblado El Jícaro, Nueva Segovia, por realizar pintas como forma de protesta contra el Gobierno en letreros públicos. “Durante cuatro días a partir de su detención, sus familiares no tuvieron información precisa sobre su paradero, ninguno de los dos había sido presentado ante un juez, ni se conocía la imputación legal que habría justificado la detención. Finalmente, fueron liberados de la estación policial el 19 de enero”, precisa la CIDH en una reciente nota de denuncia en la que señala la represión sistemática contra medios de comunicación, presos políticos y ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta.

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La CIDH advierte de una grave “persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias ininterrumpido en el que la detención preventiva pierde su función cautelar y constituye la regla general para castigar a quienes manifiestan su disidencia con el Gobierno”.

Según el órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), en Nicaragua, las “detenciones ilegales y arbitrarias constituyen verdaderas penas aplicadas sin que se haya llevado a cabo un debido proceso legal”.

La CIDH, además expresa una “profunda preocupación” ante  el aumento de las denuncias de malos tratos, castigos físicos y la falta de atención médica que sufren los presos políticos recluidos en La Esperanza y La Modelo.

LES ECHARON LOS PERROS

Habla de la denuncia de golpiza que el 31 de diciembre un grupo de antimotines habrían propinado a presos políticos recluidos en La Modelo. “Armados con fusiles de guerra AK 47, con gas pimienta y con perros agredieron a un grupo de internos que había entonado el himno nacional”, indica la CIDH.

También reportan agresión física a Francisco Sequeira, como castigo por haber grabado un video en el que Chester Membreño narra su situación en prisión, el 11 de enero.

“Sequeira habría sido rociado con gas pimienta y, luego de la agresión, dejado en su celda sin atención médica”, expone la CIDH.

El caso de agresión sufrido por Kenia Gutiérrez en La Esperanza, hace parte de la serie de denuncias violatorias a los derechos de los presos políticos que ha documentado la CIDH.  Según la denuncia, el 16 de enero, Gutiérrez compareció a su primera audiencia de juicio con marcas visibles de golpes en los brazos, “los que habría recibido de una funcionaria penitenciaria como represalia por haber brindado agua a otra mujer detenida”.

La confiscación de alimentos y artículos de aseo personal a las internas en las galerías 16-1 y 16-2 de La Esperanza,  los días 23 y 24 de enero, es otro acto violatorio del que el órgano internacional de derechos humanos ha registrado.

“Se trata de un conjunto de prácticas que reflejan el uso de la privación de la libertad como un modo de criminalizar, sancionar y neutralizar la protesta social, desnaturalizando las funciones excepcionales que debería cumplir la privación de la libertad en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos”, calificó la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua.

Sobre este aspecto el relator para Personas Privadas de la Libertad, comisionado Joel Hernández, expresó que “el Estado de Nicaragua debe modificar las prácticas en su sistema penitenciario para cumplir con los estándares a los que está obligado”.

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