La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección al coronel en retiro Carlos Ramón Brenes Sánchez por considerar “que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable”.

Brenes Sánchez, de 65 años, fue detenido por el comisionado Ramón Avellán, el pasado 28 de agosto del 2018, cuando pretendía cruzar la frontera de Peñas Blancas rumbo a Costa Rica donde se realizaría chequeos médicos.

Tras la detención, la Fiscalía lo acusó de terrorismo y crimen organizado al considerar que había prestado su casa para la planificación de los “actos terroristas” que se registraron en el municipio de Jinotepe, Dolores y Diriamba durante las protestas cívicas.

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La CIDH también dictó medidas cautelares a su núcleo familiar, por considerar que se encuentra en situación de peligro, ya que son asediados constantemente por la Policía Orteguista.

“En el actual contexto del país, la Comisión identificó que Brenes ejerce un liderazgo dentro de los militares retirados y en la población de Masaya y Carazo”. Asimismo, es identificado por ser una voz disidente y constante en los últimos 20 años en la política de Nicaragua, particularmente tras los sucesos de abril de 2018”, señaló la Comisión en un comunicado.

HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN

En la resolución 17-2021, la CIDH advirtió que “Brenes ha sido objeto de actos de hostigamiento, intimidación y amenazas; en particular, (y) se advirtió que tales hechos fueron atribuidos a agentes policiales, y se extendieron también en contra integrantes de su familia”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que solicitó información al régimen de Daniel Ortega sobre las acciones de intimidación y hostigamiento contra el coronel retirado y sus familiares, sin embargo, no recibió respuesta de parte de Nicaragua.

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La Comisión solicita al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Carlos Ramón Brenes Sánchez y su núcleo familiar; concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición”, dicta la resolución de la CIDH.

El organismo continental señaló que el “otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables”.

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