La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al régimen de Daniel Ortega, una vez más, “cesar las afectaciones a la libertad religiosa, la persecución a la Iglesia católica y liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad”, incluidos ocho sacerdotes.
El llamado del organismo interamericano llega ante los constantes ataques contra la Iglesia católica y sus integrantes de parte de la dictadura que ha prohibido actividades religiosas y mantiene una vigilancia en los templos del país para evitar que se hable de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, condenado a 26 años de cárcel por supuesta “traición a la patria”.
El pasado 8 de septiembre el sacerdote Osman José Amador de la Diócesis de Estelí y exdirector de la organización Cáritas Estelí, fue detenido mediante el uso de la fuerza por agentes del Estado. “Hasta el momento, no se habría informado sobre los motivos de la detención, la situación jurídica ni el paradero del sacerdote”, denunció la CIDH.
El organismo observa con preocupación que, a la fecha, ocho sacerdotes permanecen privados de libertad, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, “quien se encontraría en condiciones deplorables de detención, incomunicado y con afectaciones a su salud, como quedó evidenciado en la visita de sus familiares el pasado 25 de marzo”.
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Asimismo, los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez fueron detenidos y están bajo investigación por su trabajo en Cáritas Estelí.
Desde el año pasado la CIDH viene advirtiendo que la persecución contra la Iglesia católica continúa agudizándose en un contexto de cierre del espacio cívico y democrático.
EL BLOQUEO A LAS CUENTAS BANCARIAS A LA IGLESIA
Existen hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes, sostiene el organismo.
En el mes de mayo, la dictadura ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia por presuntos hechos ilícitos vinculados con lavado de activos y “traición a la Patria”.
De momento, las autoridades no han mostrado avances de esa supuesta investigación cuyos efectos han limitado el trabajo social de la Iglesia y el fondo de pensión sacerdotal privado que asiste a los sacerdotes enfermos y ancianos.
