La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reiteró este lunes se demanda de acabar con la impunidad en Nicaragua, restablecer el estado de derecho y respetar la libertad de expresión y manifestación, a tres años del inicio de la Rebelión de Abril de 2018. 

De acuerdo con la información registrada a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), hasta la fecha, la crisis ha resultado en al menos 328 personas fallecidas y, unas 2 mil heridas, como consecuencia de la actuación de agentes estatales o de civiles actuando con la aquiescencia y tolerancia de éstos; denuncias sobre la práctica generalizada y sistemática de malos tratos, varios de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura. 

“A tres años del inicio de la crisis, la Comisión hace un llamado urgente para poner fin a la impunidad, y a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país. Asimismo, recuerda al Estado que además de ser una obligación internacional, se trata del único conjunto de mecanismos que permitirían una auténtica y estable reconciliación nacional”, señaló la CIDH en un comunicado

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Según el organismo, a la fecha, desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones a derechos humanos y estigmatizar a las víctimas. 

La Comisión recuerda que de acuerdo con la información aportada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua), en el contexto del ataque sistemático perpetrado en contra de la población civil como represalia a las protestas sociales, se han desarrollado hechos que, conforme al derecho internacional, deben calificarse de crímenes de lesa humanidad. 

REPRESIÓN CONTINÚA 

La CIDH señala que el régimen de Daniel Ortega sigue utilizando la privación de la libertad como estrategia de impedimento de las libertades públicas y silenciamiento de las voces disidentes.  

A la fecha el organismo reporta que hay al menos 115 presos políticos. El asedio, vigilancia y amenazas, el impedimento de su derecho de asociación y reunión, e incluso de desplazamiento por dispositivos policiales y parapoliciales, de líderes y lideresas excarceladas, “es otra medida registrada en el monitoreo que indica un claro designio de las autoridades estatales por evitar cualquier articulación social o política que desafíe la impunidad que pretende imponer”. 

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Finalmente, la Comisión observa con preocupación que la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose como consecuencia de la intensificación de agresiones, amenazas, hostigamiento, intimidaciones y otros actos de violencia cometidos en su contra, tanto por parte de grupos simpatizantes del Gobierno como por agentes de la Policía.  

La CIDH fue expulsada en diciembre de 2018 de Nicaragua junto al GIEI antes de la presentación de un contundente informe sobre las violaciones de derechos humanos que certificaba como “crímenes de lesa humanidad” la respuesta gubernamental a las protestas iniciadas en abril.  

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