El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó esta semana el cierre de 12 universidades privadas, con lo que suman 14 las casas de estudios superiores ilegalizadas desde diciembre pasado.
El cierre de esas universidades, incluida la Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue tomada durante casi dos meses por estudiantes que se manifestaron contra el Gobierno en el marco de una revuelta popular que estalló en abril de 2018, se comenzó a dar un mes después de que el presidente Daniel Ortega fuera reelegido para su quinto mandato, el segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta y con sus principales contendientes en prisión.
Estas son las claves sobre el cierre de universidades, que ha dejado en el limbo a miles de estudiantes, profesores, trabajadores, colaboradores y a un rector exiliado en Costa Rica alegando motivos de seguridad.
VERSIÓN OFICIAL: INCUMPLIMIENTOS
Según el Ministerio de Gobernación, esas universidades han sido ilegalizadas porque incumplieron sus obligaciones, entre ellas el no reportar sus estados financieros conforme a períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones (origen y beneficiario final) y no renovar sus juntas directivas, entre otros.
Esa versión es rechazada por los afectados. Según afirmó a la plataforma digital Nicaragua Actual el rector de la Universidad Paulo Freire, Adrián Meza, las autoridades se negaron a recibir la documentación.
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El abogado nicaragüense Yader Morazán explicó que las universidades tenían hasta el cierre del año fiscal para presentar sus estados financieros, es decir, hasta el 28 de febrero próximo, y sólo se les podía cancelar sus personalidad jurídica una vez agotado el proceso correctivo, que es apelable, y eso no ocurrió.
FACTOR POLÍTICO
El ideólogo sandinista William Grigsby, director de Radio La Primerísima, reconoció que la cancelación de la personalidad jurídica de un «puñado» de organismos no gubernamentales, 87 en total, incluido las 14 universidades privadas, son por motivaciones políticas.
«En la práctica eran fachadas de la intromisión europea y norteamericana en los asuntos internos de Nicaragua. Hay que entender este tipo de decisiones en la lógica de la defensa del poder del pueblo de Nicaragua», dijo el ideólogo sandinista en su emisora, aunque sin ofrecer pruebas.
«Aunque nosotros jamás nos hemos declarado enemigos del Gobierno, parece ser que el Gobierno sí nos miraba como enemigos», comentó al respecto Meza, que se exilió en Costa Rica.
CONTROL DE LAS UNIVERSIDADES
Meza, que es abogado de profesión, atribuyó que la razón de fondo es la misma que han adoptado, a través de la historia, los regímenes autoritarios, como el de Nicaragua: el control de las universidades públicas y privadas.
«Los regímenes de fuerza han actuado siempre con temor al laboratorio de pensamiento crítico que constituye una universidad», alegó el catedrático, que puso como ejemplo los casos de Adolf Hitler, en Alemania, y del general Agusto Pinochet, en Chile, que intervinieron las universidades.
«Parece», agregó Meza, que el Gobierno sandinista «tiene un enorme temor acerca de la falta de control que tenían sobre las universidades privadas», como si lo tienen en las públicas.
PARA ADOCTRINAR Y SOMETER
Ernesto Medina, catedrático y experto en educación, dijo a Efe que las autoridades buscan convertir a las universidades en «cuarteles», donde los estudiantes sean «domesticados».
El Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano rector de la educación superior e integrado en su mayoría por académicos ligados al Gobierno, anunció que garantizarán la continuidad académica a los estudiantes de las universidades ilegalizadas.
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«Lo único que quieren (las autoridades) es domesticarlos y soportarlos (a los estudiantes) mientras estén callados, mientras no digan nada, no piensen, no critiquen y eso es la muerte. Están terminando con las universidades en Nicaragua», alertó Medina.
Para el catedrático, un centro de estudio superior intervenido por el CNU, que ha sido la antítesis del pensamiento libre y de la autonomía, no es una «universidad» y no habrá espacios para debatir ni estimular el pensamiento crítico.
CONTRA AUTONOMÍA Y LIBERTAD DE CÁTEDRA
A juicio del abogado y economista Marco Aurelio Peña, graduado de una universidad pública, «el plan es destruir a las universidades privadas que han vivido su autonomía y libertad académica», y cuyos estudiantes, incluido de las públicas, lideraron en abril de 2018 las protestas contra Ortega.
«Quedarán aquellas universidades privadas pequeñas que se sometan por miedo o a la fuerza, (que) sean controlables, y las universidades públicas que están completamente coaptadas por el virus rojinegro (sandinista)», valoró en declaraciones a Efe.
«La patología político partidaria está destruyendo aceleradamente el sistema educativo del país ante la vista y paciencia de todo el mundo», advirtió.
Para Medina, los efectos del cierre de universidades tendrá su impacto en 10 a 15 años, cuando Nicaragua demande profesionales capaces de enfrentar los retos de un mundo más desarrollado.
