La Coalición Nicaragua Lucha, conformada por 19 organizaciones civiles, pidió a la comunidad internacional convocada en organismos multilaterales retomar en su agenda la crisis de Nicaragua que registra una profundización en los patrones de las vulneraciones a los derechos humanos.
En ese sentido, plantean la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y la ampliación del mandato de monitoreo al Alto Comisionado en el Consejo de Derechos Humanos (Acnudh) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La petición de coalición que aglutina a organizaciones de víctimas, de defensores de derechos humanos y movimientos sociales, se da seis días después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarcelara y desterrara a 222 presos políticos y de la condena a más de 26 años de prisión contra monseñor Rolando Álvarez a quien fue declarado culpable de delitos considerados traición a la patria que implica la pena de despojo de nacionalidad y de sus derechos civiles de manera perpetua.
“No se puede hablar de una región latinoamericana democrática, si en Nicaragua bajo el Gobierno de Ortega – Murillo, se siguen violando libertades, torturando, encarcelando y expatriando a sus ciudadanos. ¡No más cárcel o exilio!”, reclamó la Coalición en un pronunciamiento en el que también exige la liberación de al menos 35 presos políticos que permanecen en los diferentes sistemas penitenciarios del país.
LEA TAMBIÉN: María Esperanza Sánchez: “Daniel Ortega nos tiene miedo y por eso nos destierra”
EXPERTOS TRABAJARON EN ENTORNO COMPLEJO, DICE LA COALICIÓN
El grupo de expertos se formó luego de una resolución que aprobó el Consejo Permanente de Derechos Humanos de la ONU, el 31 de marzo del 2022, por un periodo de un año el cual tiene como mandato realizar una investigación exhaustiva e independiente de todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
El ingreso a Nicaragua del grupo de expertos no fue permitido y se espera que en los primeros días de marzo presenten su informe sobre su investigación sobre los crímenes cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el 2018.
“La renovación del mandato del GHREN no es solo importante para garantizar la justicia y la rendición de cuentas, es indispensable ante la profundización en los patrones de las vulneraciones a derechos humanos en el país y ante prácticas que buscan la deshumanización del otro como método de silenciamiento”, expone la Coalición.
Destacaron la “complejidad” del entorno en que le ha tocado trabajar al Grupo de Expertos ya que el Estado de Nicaragua se encuentra en “desacato permanente que no cumple ninguno de sus compromisos internacionales”, y no ha dado muestras de cooperación.
LEA TAMBIÉN: Excarcelados políticos desterrados retoman su activismo contra la dictadura
La renovación del mandato, según la Coalición, les permitirá a los expertos obtener más pruebas y testimonios para demostrar que Ortega “sostiene un régimen autoritario, con control absoluto sobre todos los poderes del Estado y las fuerzas de seguridad”.
Señalaron que Ortega utiliza la privación de la libertad como un instrumento para mantener su política de terror, y que los presos políticos fueron sometidos a juicios cuyas audiencias se realizaron a puertas cerradas, sin opción a una defensa de su confianza y nombrada por ellos.
Denunciaron además las prácticas de vigilancia, acoso a familiares de víctimas, presos, y defensores de derechos humanos, persecución a la iglesia Católica y vigilancia hasta del cuerpo diplomático.
