La aprobación de la ley que crea la “Reserva de Biosfera del Caribe”, a pedido de Daniel Ortega, ha provocado un nuevo enfrentamiento diplomático entre Nicaragua y Colombia, que la califica de unilateral y violatoria del derecho internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia presentó este martes ante Nicaragua su “enérgica protesta” por la ley aprobada el 28 de enero de 2021 en la Asamblea Nacional, sin el beneplácito de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), porque el área incluye y califica “porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio”.  

“Colombia resalta que esta medida de Nicaragua no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental. Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la UNESCO”, indica la nota de protesta de Bogotá.  

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Colombia rechaza que, “bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio”. 

Según las autoridades colombianas, la declaratoria del régimen “representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medio ambiente, pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias”. 

LA ZONA EN DISPUTA 

La reserva recién creada es, por mucho, la más extensa de Nicaragua, ya que con sus 44.157 kilómetros cuadrados supera a Bosawás (que tiene 21.815 kilómetros cuadrados), Sureste de Nicaragua (que tiene 7.677 kilómetros cuadrados) y Ometepe (que tiene 500 kilómetros cuadrados).  

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señala que esta decisión de Nicaragua “es una medida interna de dicho país que no es oponible a terceros Estados como Colombia”. 

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Según la nota de protesta, Colombia “no ahorrará esfuerzo alguno en la defensa ante instancias internacionales de los más altos intereses de la nación”.  

Hasta ahora el régimen de Daniel Ortega no ha reaccionado oficialmente ante la protesta de Colombia.  

EL FALLO DE 2012

Nicaragua y Colombia mantuvieron durante más de 10 años un litigio ante la Corte Internacional de Justicia por la delimitación marítima entre ambos países. El 19 de noviembre de 2012 la Corte emitió un fallo que agrandó el espacio marítimo nicaragüense y ratificó la soberanía colombiana sobre las islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Así quedó la delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua tras el fallo de la CIJ en 2012.

Si bien la Corte reconoció la soberanía de Colombia en los cayos de Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo, también decidió que corresponden a Nicaragua extensas zonas de las aguas que rodean a los cayos de Quitasueño y Serrana.

No obstante, Colombia plantea que hace falta alcanzar acuerdos bilaterales sobre los límites en esa zona.

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