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    Reporte 505

    Comunidad internacional rechaza cancelación de personería jurídica de CxL 

    Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea criticaron a Ortega por procurar unas elecciones sin competencia, por lo que demandan revertir la decisión de sacar del proceso a CxL.

    La decisión de Daniel Ortega de eliminar la personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad (CxL) ha motivado la condena de la comunidad internacional, que en cuestión de horas emitió sendos comunicados de rechazo y llamamiento a Daniel Ortega para que permita elecciones transparentes, observadas y libres. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, las principales potencias de Occidente, expresaron su preocupación. 

    El pasado viernes, el Consejo Supremo Electoral (CSE), bajo control de Ortega, eliminó la personería jurídica de CxL, tras dos denuncias interpuestas por la presidenta del colaboracionista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydée Osuna. Una de estas fue en contra de Kitty Monterrey, presidenta de CxL, por tener doble nacionalidad, la nicaragüense y la estadounidense. 

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    “La decisión del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo el 6 de agosto de prohibir al último partido genuino de oposición participar en las elecciones de noviembre subraya su deseo de permanecer en el poder a toda costa”, criticó el Departamento de Estado de Unidos en un comunicado emitido el sábado reciente, en el que además calificó la maniobra como “autocrática”

    En esa línea, Luis Carrión, miembro de la agrupación Unión Renovadora Democrática (Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista) dijo que Ortega ha puesto el último clavo en el ataúd de las elecciones al quitar personalidad jurídica a CxL y crear un régimen de partido único de facto. El régimen sigue los pasos de Cuba, con la diferencia de que en Nicaragua se ha auxiliado de partidos “zancudos” para sacar del juego a quienes pueden significar competencia.

    Después de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, casi en simultáneo reaccionaron. Ottawa pidió a Ortega “revertir su decisión de descalificar a otro partido político (CxL) para las elecciones de noviembre y cumplir sus compromisos con el Estado de Derecho”. “Canadá está con el pueblo de Nicaragua y solicita democracia y elecciones libres y justas”, zanjó el país de Norteamérica.

    Mientras que Londres, reaccionó mostrando preocupación por el continuo “deterioro de la democracia en Nicaragua con la inhabilitación del CxL”, por ello instó “al Gobierno a respetar los derechos de la oposición y dar garantías de un proceso electoral libre”. Estas naciones, con la Unión Europea, han aplicado un régimen de sanciones en contra de funcionarios orteguista como presión para que el régimen encamine al país a la vía democrática, sin embargo hasta ahora Ortega no ha cedido en ninguna de las demandas, como una reforma integral al sistema de elecciones, y la liberación de los presos políticos, entre los que ya se cuentan una treintena de importantes figuras de la oposición y precandidatos presidenciales, como Cristiana Chamorro.

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    Este lunes ha reaccionado la Unión Europea (UE). Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, apuntó que Daniel Ortega y Rosario Murillo han aplastado las posibilidades de un proceso electoral “creíble y legítimo” tras la cancelación de la personería jurídica de CxL.

    “Su decisión, llevada a cabo por el Consejo Supremo Electoral, el 6 de agosto, de despojar de su personalidad jurídica al último partido político de la oposición antes de las elecciones generales de noviembre, aplasta las perspectivas de un proceso electoral creíble y legítimo. La oposición ha sido eliminada”, indicó Borrell. 

    Bruselas concluye que se está privando a los nicaragüenses del derecho humano y civil básico de votar en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, de acuerdo con la Constitución y las leyes y normas internacionales de derechos humanos. 

    Tanto Estados Unidos y la Unión Europea han advertido que el proceso electoral, incluidos sus resultados finales, ha perdido toda credibilidad, por lo que el próximo quinquenio de Ortega, al frente de Nicaragua,  podría no ser reconocido por las potencias de Occidente, que también son principales socios comerciales y donantes de Nicaragua.

    El Consejo Supremo Electoral, compuesto por magistrados afines al orteguismo, también despojó de su personería jurídica al Partido Restauración Democrática (PRD) de la Coalición Nacional y al Partido Conservador (PC). En mayo pasado, Ortega aprobó una reforma electoral a su medida, pese a un ultimátum de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que implentara cambios integrales al sistema electoral de Nicaragua, como la modernización y reestructuración del CSE para garantizar que funcionara de forma totalmente independiente, transparente y responsable.

    Ante la negativa de Ortega la OEA y su secretario general, Luis Almagro, advirtieron que Nicaragua se encaminaba “a las peores elecciones posibles”. El 6 de mayo pasado, el organismo continental dijo que  las reformas realizadas a la Ley Electoral evidencian la falta de voluntad del régimen – así como de algunas fuerzas políticas – “de tomar acciones en pro de la democracia y de la expansión de derechos políticos y civiles de la población nicaragüense”.

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    El Consejo de la Unión Europea emitió sanciones el pasado 2 de agosto en de contra ocho funcionarios del régimen de Nicaragua que incluye a miembros de instituciones claves en la represión ejercida desde abril de 2018 contra quienes se oponen a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    Las sanciones de este lunes alcanzaron a miembros de la familia presidencial, donde se originan las órdenes, hasta miembros de la Asamblea Nacional, donde se convierten en leyes; y la Policía, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, quienes las ejecutan.

    Todos los bienes que las personas designadas tengan en territorio de la Unión Europea quedan congelados. Además, se les impone una restricción de ingreso a cualquiera de los 27 países que conforman el bloque. Tras la última decisión autoritaria de Ortega en contra de CxL, Estados Unidos y la Unión Europea dejaron claro que podría seguir usando medidas diplomáticas y de presión en su contra. 

    Estados Unidos expresó que continuará trabajando en estrecha colaboración con otras democracias para responder diplomática y económicamente a estos acontecimientos nefastos, “que solo privan aún más al pueblo nicaragüense de su deseo de un gobierno representativo y prosperidad económica”, mientras que la UE advirtió que seguirá utilizando todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política en Nicaragua.

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