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    Reporte 505

    Las medidas cautelares de la CIDH suman 60 en Nicaragua, sin embargo 44 beneficiarios están en la cárceles del régimen

    El organismo internacional de derechos humanos considera que gerente de La Prensa se encuentra «en una situación de gravedad y bajo riesgo de daño irreparable». La medida se extiende a su núcleo familiar.

    El gerente general del confiscado diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman. Cortesía

    Por considerar que se encuentra en una situación de gravedad y bajo riesgo de daño irreparable, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares al preso político y gerente de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro y a su núcleo familiar. Con Holmann Chamorro en Nicaragua ya suman 60 las personas beneficiadas, pero 44 están en cárceles del régimen, pese a su obligación de proteger sus vidas.

    La medida fue gestionada ante el organismo internacional por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Holmann Chamorro, cuyo único delito ha sido dirigir un periódico independiente, fue secuestrado el 13 de agosto del año pasado, por policías de la dictadura, tras el asalto a las instalaciones del antiguo diario familiar.

    Fue acusado después por el supuesto delito de lavado de dinero y condenado a nueve años de prisión en abril pasado. Actualmente se encuentra en El Chipote, la cárcel política de la dictadura tras un juicio celebrado a puertas cerradas y sin que fueran públicas las pruebas que sustentan las acusaciones del régimen.

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    REGIMEN APORTÓ PRUEBAS DE VISIBLE DETERIORO

    El 31 de agosto pasado, los carceleros de la dictadura hicieron circular imágenes de Holmann Chamorro y otros presos políticos en los juzgados de Managua. La acción fue para las organizaciones de derechos humanos “un desfile infame” de los represores ante los reclamos de sus familiares que se quejan por restricciones a las visitas, maltratos, falta de medicinas y asistencia médica.

    En las imágenes, fue notorio el adelgazamiento extremo de Holman Chamorro por la mala alimentación y el deterioro físico que padece debido a los 413 días de cárcel injusta que le ha procurado el régimen. En un comunicado de la CIDH, el organismo relató que solicitó información al Estado en los términos del artículo 25 de su Reglamento, sin que se haya recibido respuesta.

    prensa
    Juan Lorenzo Holmann, gerente general de La Prensa fue detenido en Nicaragua en 2021. Foto Donaldo Hernández, VOA

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    “Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por la organización solicitante, la CIDH consideró que Juan Lorenzo Holmann Chamorro y su núcleo familiar se encuentran en una situación de riesgo, persisten a la fecha y se consideran susceptibles que vayan en incremento en el contexto actual del país”, argumentó el organismo internacional.

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    DICTADURA IGNORA MEDIDAS

    La CIDH agregó que en cuanto a la familia de Holmann Chamorro estarían “en riesgo, dada las posibles represalias, y considerando las acciones de acoso y hostigamiento de las que ha sido objeto su esposa”.

    La Comisión resaltó su preocupación por las afectaciones al derecho a la libertad de expresión y por una serie de hechos en contra del Diario La Prensa, en un contexto de presión, retrasos y retenciones de materiales, llegando al punto álgido de existir actualmente una «confiscación de hecho» de sus instalaciones.

    La CIDH llamó al régimen de Daniel Ortega a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del preso político y los integrantes de su núcleo familiar.

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    Explicó que el Estado de Nicaragua, debe garantizar que Holmann Chamorro no sea objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o agresiones dentro del centro penitenciario; se le garantice acceso a atención médica adecuada, que haya de inmediato una valoración especializada y se le permitan sus medicamentos.

    El 24 de junio pasado, durante una audiencia de supervisión de 10 medidas cautelares a favor de 60 personas nicaragüenses emitidas por la CDIH, Carmen Herrera, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), denuncio de las 60 personas beneficiarias con las medidas, 44 continuaban privadas de libertad por ejercer sus derechos civiles y solo habían excarceladas a siete, enviadas a casa, pero igual bajo cautiverio.

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