En secreto, la justicia del régimen de Daniel Ortega condenó a 47 años de prisión al concejal regional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Adán Giovanni Bojorge Espinoza, por la violación y embarazo de una menor de edad en Bluefields, Caribe Sur.
La sentencia que ha permanecido resguardada, como secreto de Estado, salió parcialmente a luz el pasado 25 de mayo, por medio de una cédula judicial que se publicó en el Sistema Electrónico del Poder Judicial, para notificar que el expediente ya había sido radicado en el juzgado de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Bluefields.
LEA TAMBIÉN: La masacre del 30 de mayo: Las madres ahogan el dolor por sus hijos asesinados con gritos de justicia
El exconcejal regional de la Costa Caribe Sur y exdocente, fue sentenciado a 23 años de cárcel por el delito de violación y a 24 años por dos abusos sexuales – 12 por cada uno- que cometió en perjuicio de la estudiante.
Entre ambas penas, suman 47 años de cárcel, pero por mandato constitucional, Bojorge deberá permanecer en prisión 30 años, ya que esa es la pena máxima establecida en el país, a excepción de la prisión perpetua.
La jueza Ashelly Archibold Rigsby, titular del Juzgado de Distrito Especializado en Violencia de Bluefields, necesitó más de ocho meses para dictar la sentencia. El exconcejal sandinista había sido acusado el 10 de mayo del 2022.
TRIBUNAL DE APELACIÓN RECHAZÓ RECURSO
El 20 de marzo del 2023, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Bluefields, Circunscripción de la Costa Caribe Sur, rechazaron el recurso de apelación que presentó el abogado defensor contra la sentencia, porque el abogado no explicó en eL escrito los supuestos agravios que causaba la sentencia a Bojorge Espinoza.
LEA TAMBIÉN: Sergio Ramírez denuncia que ataques a la Iglesia católica son parte de un plan para tener sacerdotes “dóciles”
De acuerdo con la acusación, el concejal citaba a la estudiante en la sede del Gobierno Regional con el propósito de agredir sexualmente a la estudiante.
Los hechos se registraron en 2021y para no levantar sospechas, el funcionario público citaba a la estudiante supuestamente para ayudarla con las tareas del colegio, pero una vez que la víctima ingresaba procedía a ultrajarla sexualmente y para mantenerla controlada, por medio de un celular que le regaló.
Sin embargo, fue el celular lo que permitió a los familiares conseguir las pruebas para denunciarlo por violación y abusos sexuales.
