El régimen de Daniel Ortega condenó a 10 años de prisión a los cuatro sacerdotes, dos seminaristas y a un camarógrafo que fueron secuestrados junto a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa en agosto del año pasado, confirmó este lunes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, (Cenidh) y la Unidad de Defensa Jurídica, (UDJ).
La jueza Nadia Tardencilla, titular de Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, además los «inhabilitó de por vida al ejercicio de cargos públicos y de elección popular», en un acción que el Cenidh califica como «otra aberración jurídica» de la dictadura.
Los sacerdotes sentenciados son: Ramiro Tijerino, rector general de la Universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz, vicario de la Catedral de Matagalpa; Sadiel Eugarrios Cano y Raúl Antonio Vega. Los seminaristas son Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno. La sentencia también se aplica al camarógrafo Sergio Cadena Flores.
La jueza orteguista , dictó fallo de culpabilidad en contra de los presos de la Diócesis de Matagalpa, por los delitos de menoscabo y propagación de noticias falsas.
La Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua (UDJ) informó en enero pasado que el fiscal Manuel Rugama pidió 10 años de cárcel y 800 días multa para los religiosos detenidos.
La Fiscalía promovió la acusación en septiembre del año pasado y en octubre la jueza Nalia Úbeda Obando, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua, remitió el caso a juicio.
ACOMPAÑABAN AL OBISPO
El 19 de agosto de 2022 quedaron detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como el Chipote, después que agentes del régimen asaltaran la Curia de Matagalpa, donde acompañaban a monseñor Álvarez.
El obispo fue también secuestrado y enviado a prisión domiciliar. En un hecho inédito en la historia convulsa de este país, la dictadura de Daniel Ortega, ordenó juicio en su contra.
El Cenidh ha denunciado que los jueces del régimen aplican una pena accesoria a la de prisión que viola toda norma constitucional y que no existe en la legislación penal, se trata de la «inhabilitación perpetua de los derechos ciudadanos» que es como declarar «muerte civil del ciudadano» después de cumplir la condena que ilegalmente le han impuesto.
CONTRA RELIGIOSOS
Según el organismo defensor de derechos humanos, la sentencia dictada corresponde a cinco años por haber cometido supuestamente el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, más cinco años por propagación de noticias falsas. Además, le suman 800 días multa y «la inhabilitación perpetua».
«Desde el Cenidh, condenamos estas acciones perversas del régimen que violentan los derechos humanos. Exigimos libertad inmediata para ellos y todas las personas presas políticas», señaló la organización en su cuenta de Twitter.
