Los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua son sometidos a “condiciones de reclusión duras y potencialmente mortales”, advirtió el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe sobre prácticas de derechos humanos 2022.
A pesar de las relativamente nuevas celdas en la Dirección de Auxilio Judicial, “el resto del sistema penitenciario estaba en malas condiciones”, señala el informe que recoge las condiciones en las que se encontraban la mayoría de los presos políticos hasta su excarcelación el pasado 9 de febrero cuando fueron enviados a Estados Unidos.
El hacinamiento, las deficiencias sanitarias, las dificultades para obtener atención médica y la violencia entre reclusos seguían siendo problemas graves en los centros penitenciarios.
En los penales de Nicaragua las condiciones de las prisiones continuaron deteriorándose debido a una infraestructura anticuada y al aumento de la población reclusa.
“Los reclusos padecían parásitos, atención médica inadecuada, alimentos inadecuados y contaminados, agua contaminada y saneamiento inadecuado”, denunció el Departamento de Estado.
En estas condiciones seguirían al menos 37 presos políticos de la dictadura, incluido monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien se negó al destierro y fue enviado a La Modelo.
DESNUTRICIÓN, FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA Y AISLAMIENTO
Las organizaciones de derechos humanos calculaban que en septiembre el régimen seguía manteniendo recluidos a más de 219 presos políticos, de los cuales al menos 36 estaban sometidos a algún tipo de régimen de aislamiento.
“Las condiciones de las cárceles y las celdas de detención temporal también eran duras. La mayoría de las instalaciones estaban físicamente decrépitas e infestadas de alimañas; tenían ventilación, electricidad o sistemas de alcantarillado inadecuados; y carecían de agua potable”, detalla el informe.
Otro de los abusos de los que fueron víctimas fue la falta de visitas regulares. Las autoridades penitenciarias mantenían incomunicados a los presos políticos entre 50 y 80 días antes de permitirles ver a un abogado de su elección o recibir visitas familiares.
Los presos políticos no recibieron atención médica adecuada, incluso mientras padecían síntomas de Covid-19. Además, agrega el informe, estaban gravemente desnutridos, sin acceso a la luz solar ni a servicios adecuados de atención médica. A algunos se les negó el acceso a medicamentos y a tratamiento médico para enfermedades crónicas.
El Departamento de Estado también recibió información que apunta a varios presos políticos golpeados, amenazados, recluidos en régimen de aislamiento durante semanas y que sufrían mala ventilación y alimentos y agua envenenados o contaminados.
