El Congreso español condenó este lunes «el fraude electoral» en las elecciones municipales en Nicaragua en el que el Consejo Supremo Electoral (CSE) entregó el control de los 153 municipios al gobernante Frente Sandinista.
El Congreso también condenó las violaciones de las libertades públicas y los derechos humanos, y exhortó a la restitución democrática en el país.
La condena fue respaldada por la mayoría de los grupos parlamentarios en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso una propuesta impulsada por el conservador Partido Popular (PP).
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Los legisladores del Partido Popular acusaron al Partido Socialista (PSOE) y a Unidas Podemos (UP), socios en el gobierno de España, por su complicidad con el régimen del sandinista Daniel Ortega.
CRITICAN AL PARTIDO DE GOBIERNO
La diputada Belén Hoyo, del PP, aseguró que ni el PSOE ni UP han condenado los fraudes electorales registrados en todos los niveles en Nicaragua ni el régimen instaurado en ese país, una acusación que han rechazado los legisladores de ambas formaciones con una condena rotunda a los encarcelamientos y violaciones a los derechos humanos en ese país.
Hoyo acusó al Gobierno del presidente Pedro Sánchez de no respetar la separación de poderes y de poner a sus fieles en puestos estratégicos de las instituciones para «instaurar un régimen autoritario»: ¿Alguien se reconoce en este camino?, dijo en referencia a Nicaragua.
La diputada del PSOE Noemi Villagrasa recordó a Hoyo que el Gobierno ha expresado en reiteradas ocasiones que «no reconoce las pasadas elecciones municipales del 21 de noviembre» ni las presidenciales de 2021, porque «son una burla a la democracia».
Y agregó que el Gobierno de Sánchez ha exigido a Ortega «la puesta en libertad» de activistas, sindicalistas y políticos encarceladas y ha sostenido que la salida a la crisis debería ser «política en términos de concordia, justicia, paz y seguridad», sin injerencias.
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También Lucía Muñoz (UP), reiteró su condena al régimen de Ortega y ha dicho al PP que no está «en condiciones de dar lecciones de democracia», ya que cree que los populares «desafían el orden democrático en España» y solo les importan los derechos humanos «si los pueden instrumentalizar».
Con información de EFE
