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    Reporte 505

    Cosep advierte que el régimen obliga a las empresas a quebrar

    La principal gremial del país insiste en la exigencia de reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes.

    Michael Healy

    El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha advertido hoy que el régimen de Daniel Ortega está forzando a que las empresas quiebren, como consecuencia de las reformas a la Ley de Concertación Tributaria, en 2019.

    En un comunicado, la principal gremial del país señala que la reforma tributaria derivó en una descapitalización acelerada de las empresas porque el Pago Mínimo Definitivo (PMD), a cuenta del IR Anual, se incrementó al 2% para las medianas empresas y 3% para las grandes. A eso suma el incremento de las cotizaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

    “Esas acciones generaron en las empresas un efecto confiscatorio al gravar su patrimonio, descapitalizándolas gradualmente y que podría llevarlas a la insolvencia y a una eventual quiebra forzosa que generaría aún más desempleo. Esta descapitalización contraviene los principios constitucionales de capacidad contributiva y de prohibición de impuestos confiscatorios”, señaló el Cosep.

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    Los empresarios mencionan que también se ha perdido la competitividad de la agroindustria al gravarse importaciones y compras locales de bienes de capital, bienes intermedios, equipos, partes, repuestos y accesorios, materia prima e insumos, que aumentaron sus costos de producción y redujeron sus márgenes de ganancia.

    La reforma trajo consigo, dice el Cosep, que se redujeran considerablemente la cantidad de bienes exentos del Impuesto de Valor Agregado (IVA). Esa serie de consecuencias provoca un estancamiento de la producción nacional. “Al gravarse con IVA los insumos de la producción nacional, se ha afectado al consumidor final, se ha reducido la demanda de estos y en consecuencia se ha contraído el crecimiento industrial”, reza el comunicado.

    Daniel Ortega impulsó la reforma sin consultar al Cosep, organización gremial con la que consensuó la política económica del país hasta abril de 2018. Pese a las advertencias de varios sectores económicos, la Asamblea Nacional dio luz verde a los cambios en la ley.

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    Ahora el Cosep no solo habla de los efectos en las empresas sino en el deterioro del nivel de vida de la población que ha provocado. “El conjunto de medidas tributarias aprobadas ha afectado en forma transversal la capacidad de la población para tener acceso a bienes básicos de consumo, al gravar en forma directa e indirecta todo el proceso productivo hasta llegar al consumidor final a quien se le ha reducido su capacidad de compra de bienes de primera necesidad”, expresó.

    Según la principal gremial del país, la ley también cambió el marco normativo y las reglas del juego, creando un ambiente de inseguridad jurídica que obstaculiza el desarrollo normal de las actividades empresariales, desestimula las inversiones, afecta negativamente la competitividad de las empresas y estimula el ingreso a la informalidad.

    Ante esas afectaciones, la gremial propone al régimen reducir en general las alícuotas del Pago Mínimo Definitivo del IR, restituir las exenciones objetivas  así como las exoneraciones  relacionadas a la producción de los bienes exentos. 

    URGE REFORMAS ELECTORALES

    En la comunicación del sector privado se hace hincapié en la necesidad de reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes en noviembre próximo.

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    “El Consejo Superior de la Empresa Privada reitera que el deterioro social y económico experimentado desde abril del 2018 por la crisis sociopolítica, exige un acuerdo de nación que garantice la liberación de todos los presos políticos; la aprobación e implementación de reformas electorales que permitan la realización de elecciones libres, justas, transparentes, competitivas y observadas; el restablecimiento de derechos y garantías constitucionales y el impulso de políticas económicas sostenibles”, instaron.

    A criterio del Cosep, esas condiciones son necesarias, para recuperar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, la confianza de los nicaragüenses, inversionistas extranjeros y demás agentes económicos del país.

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    “El país continúa enfrentando tres años de recesión económica, una crisis sociopolítica y los impactos de la crisis ambiental y sanitaria exacerbada por la reforma tributaria, todo lo cual tiene efectos económicos directos en la estabilidad económica y social del país”, dijo.

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