El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) advirtió este miércoles que la aprobación en lo general de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842) podría ocasionar la “desaparición del sistema financiero nacional”.

Michael Healy, presidente de la cúpula empresaria, considera que la decisión unilateral del régimen de Daniel Ortega pone a la banca nacional “en la peor situación que hemos tenido en los últimos 30 años”.

“Esta decisión unilateral del Gobierno, de venir a tratar de obligar a los bancos a tomar medidas que son prohibidas por las entidades financieras internacionales, pone en riesgo que el sistema financiero nacional puede desaparecer”, explicó el dirigente empresarial.

Healy explicó que los bancos podrían perder sus corresponsalías extranjeras lo que dejaría a “Nicaragua como en una isla” con el sistema financiero internacional lo que tendría consecuencias en sectores importantes de la economía como el exportador, el comercio, importaciones, turismo, agropecuario, tarjetas de crédito, entre otros.

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La aplanadora sandinista y algunos aliados del régimen en la Asamblea Nacional aprobaron con 74 votos a favor en lo general la reforma a la Ley 842 en lo general, mientras que 14 diputados votaron en contra. Se espera que mañana se aprueben en lo particular.

“Creemos que el Gobierno debe de hacer un alto, le pedimos a los diputados que rectifiquen este tema de la Ley 842 y que verdaderamente no vengan a destruir un sistema financiero y un crecimiento y un desarrollo que con sacrificio hemos venido haciendo en los últimos 30 años los nicaragüenses y que de un plumazo la Asamblea Nacional puede destruir”, indicó el dirigente.

Además, destacó que las cámaras que integran el Cosep están preocupadas por dichas reformas y esperan que el Gobierno “retroceda en esta iniciativa” y se enfoque en la facilitación de todos los sectores y no “entorpecer” el desarrollo económico del país. La Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin) fue una de las primeras gremiales en reaccionar al decir que repercute en la economía y compromete la relación de las instituciones financieras nacionales con la banca internacional que podrían cancelar sus corresponsalías en el país.

“(La reforma) compromete la credibilidad de la actividad financiera del país abriendo paso a actividades lícitas, como el lavado de dinero. Consideramos que habrá también afectación directa en el empleo, las remesas, la inversión extranjera, restando competitividad del país y sumiéndolo aún más en la pobreza”, dijo la gremial que aglutina a los industriales.

La reforma a los artículos 9 y 54 de la Ley de los consumidores fue rechazada por la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), que por medio de una carta a Comisión de Economía del Parlamento expuso que viola el derecho a la libre empresa, promueve prácticas que incitan al lavado de dinero y que pone en “riesgo al país de pasar de la lista gris en que nos encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”. Este punto lo comparte también el Cosep.

AFECTACIÓN A TODOS LOS SECTORES

“La reforma afectaría directamente a todos los nicaragüenses sin distingo alguno, en particular, a la población que recibe remesas del exterior y a todas las actividades económicas que requieren de un sistema bancario que mantenga una relación comercial estable con los corresponsales y fondeadores extranjeros para realizar y desarrollar su actividad comercial”, expuso el gremio en un comunicado.

Una de las interrogantes que surge es que si Ortega está utilizando estas reformas a la Ley de los Consumidores para obligar al gran capital a sentarse a negociar con él. Healy considera que es dificil una negociación ya que el régimen no ha cumplido los acuerdos suscritos con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en marzo del 2019, y que tuvieron como garantes al representante del Vaticano en Nicaragua y a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“¿Quién nos garantiza que si nos vamos a sentar con ellos van a cumplir?”, cuestionó Healy, y agregó que la “bola está en la cancha del Gobierno”, ya que debe impulsar unas reformas electorales y restablecer los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. “De qué sirve si nosotros llegamos a un acuerdo económico ahorita y comenzamos a trabajar, pero sí en seis meses vuelve a explotar esto por temas de democracia”, opinó el líder empresarial.

Los expertos también han señalado que lo que Ortega pretende con esta reforma a la Ley 842 es presionar para que el sistema financiero nacional reabra las cuentas bancarias que les fueron cerradas a los funcionarios de su régimen, producto de las sanciones que les impuso Estados Unidos y la Unión Europea.

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Healy compartió esta hipótesis: Daniel Ortega está obligando a la banca a no sacar a los sancionados del sistema financiero, lo que va en contra de las leyes de la banca internacional.

“Lo que vos vas a tener es que es un sistema financiero que va a sentir que en Nicaragua puede ser que haya lavado de dólares, no está respetando las leyes internacionales del sistema financiero internacional, por lo tanto lo que va a hacer es quitarles las corresponsalías a los bancos”, indicó el dirigente empresarial.

Al no tener corresponsalías, los bancos nacionales y los usuarios no podrán hacer o recibir transferencias bancarias de otros países.  

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