Desde que Daniel Ortega ordenó reformar cuanta ley sea necesaria para incorporar la cadena perpetua en Nicaragua, como sanción penal por crímenes de odio, ningún analista encuentra en esta buenas intensiones.

Y fue Ortega quien reafirmó las sospechas de que la cadena perpetua será empleada contra la oposición. El martes repitió su versión sobre la violencia registrada durante las protestas de 2018 para advertir que a futuro “no habrá amnistía que valga”.

“Ya se les dio la oportunidad, una amnistía, pero ya no habrá otra amnistía, el pueblo pedirá cuentas”, sentenció.

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¿Cuál es el riesgo real? Expertos en Derecho Constitucional y Penal consultados por DESPACHO505 coinciden en que como el crimen de odio no existe en la legislación vigente este podría ser aplicado a medida o conveniencia, dado que su alcance es muy amplio. De tal modo que validan la teoría de opositores sobre la fabricación de un nuevo súperpoder represivo, el cual nace de una violación a la independencia entre los poderes del Estado establecida en la Constitución.

Ningún poder está facultado para dar “orientaciones o instrucciones a otro poder”, como lo ha hecho Daniel Ortega, apunta la María Asunción Moreno, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas.

Dora María Téllez, exguerrillera y ahora opositora al orteguismo también cuestiona ese punto: “El órgano de justicia ni siquiera relincha (reclama) para decir que son autónomos, los vamos a ver cumpliendo la orden de Ortega. Lo que el régimen tiene es impotencia de no poder controlar una situación que viene desde 2018, por mucho que han aplicado represión, crímenes, cárceles, persecución, asedio y exilio a los opositores, la resistencia no cesa y su poder es inútil contra el pueblo”, subraya.

NO HAY INTERÉS EN FRENAR LA VIOLENCIA MACHISTA

El penalista Manuel Nicaragua encuentra más tinte político que el interés genuino de actuar ante la violencia contra mujeres y niñas. “Deja muy amplio este término y no se especifican delitos”. Incluso, puede resultar negativo para la sociedad en general, señala.

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Por su parte, el constitucionalista Bonifacio Miranda Bengoechea califica la iniciativa del Ejecutivo nicaragüense como respuesta demagógica ante la ola de crímenes contra de mujeres y niños: El aumento de pena no disminuye el problema, más bien lo agrava”, sostiene.

Expone que el asesinato de dos niñas de 10 y 12 años en Mulukukú, ocurrido el sábado 12 de septiembre, es resultado de la violencia machista que requiere una atención integral “y la dictadura no lo hará, ellos están aprovechando el impacto que ha causado el asesinato de estás dos niñas para hacer una propuesta que implica reforma a la Constitución y al Código Penal”, cuestiona.

Para Moreno el populismo punitivo suele ser utilizado por los gobiernos para ganar “simpatía entre la población” ofreciendo una política penal de mano dura. La especialista concuerda que es más importante enfocarse en la prevención y protección de los derechos de los ciudadanos.

¿QUÉ SON LOS CRÍMENES DE ODIO?

En la carta enviada por Daniel Ortega a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se especifica que la cadena perpetua será aplicada a quienes cometan delitos que tipifican como “crímenes de odio, crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes”.

María Asunción Moreno, quien también es catedrática universitaria, explica que teóricamente se llama crimen de odio a todo delito cometido por un sesgo o prejuicio respecto a la víctima, por pertenecer un grupo específico, raza, etnia, edad, estatus marital, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, género o creencia religiosa o afiliación política. “Usualmente es violento y está motivado por la intolerancia, el rechazo, el desprecio o la discriminación hacia alguna persona que pertenece a un grupo socialmente vulnerable”, refiere.

El problema en Nicaragua no es que sea reconocido, si no que su aplicación puede resultar antojadiza, opina el penalista Manuel Nicaragua. “Para ellos (orteguismo) puede ser crimen de odio protestar en contra del gobierno, dirán que existe odio al Estado o a los intereses nacionales. Así, cualquier delito común, como lesiones derivadas de protestas, usar morteros, ensuciar las calles con papeles azul y blanco, o hacer pintas, entre otras cosas, pueden incluirlos”.

El constitucionalista Bonifacio Miranda Bengoechea también ve riesgo de instrumentalización. “Una maniobra política”.

“Por ejemplo, si la persona es atacada por un grupo de paramilitares y se defiende, y al final si lo herís o matás en legítima defensa, puede ser considerado un crimen de odio, la dictadura durante los últimos días ha hecho una campaña sobre este tema (odio)”, menciona.

RETROCESO JURÍDICO

Desde el año 1974 Nicaragua eliminó la cadena perpetua. Miranda Bengochea recuerda esa reforma al Código Penal como una apuesta a establecer un sistema penal basado en reeducar al delincuente y no tenerlo recluido hasta su muerte.

“Tratar de cambiar el concepto que tenemos ahora de pena máxima de 30 años implicaría también cambiar una serie de tratados internacionales que Nicaragua ha suscrito en materia de derechos humanos y de protección de los reos y víctimas, va en contrasentido a la tendencia general de todos los países, el enfoque de ellos (Ortega-Murillo), más bien debió haber ido en fomentar la cultura, la educación en la gente, para disminuir el machismo y hacer que se respete a las mujeres y los niños”, explica el constitucionalista.

Manuel Nicaragua, por su parte, considera que la cadena perpetua es negativa en varios aspectos:

  • El reo que morirá en reclusión.
  • El Estado se ve obligado a costear la manutención del prisionero, implica invertir en instalaciones, servicios, personal, entre otras cosas.
  • En materia judicial, se tendría que transparentar al máximo la administración de justicia para evitar cometer irregularidades.

Así mismo, Miranda Bengoechea, teme que se abra una “caja de pandora”, ya que la administración de Ortega necesita hacer una serie de cambios y podría aprovechar la alarma social por los asesinatos de niñas para hacerlos a nivel constitucional.

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Incorporar la cadena perpetua para los “crímenes de odio” y “crímenes mayores”, implicará dos reformas, una penal y la otra constitucional, ya que la Carta Magna en su artículo 37 establece que “no se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de 30 años”, explica María Asunción Moreno, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas.

Anota que el Sistema Penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad.

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